 “No todas las personas que se dicen ser activistas lo son, ni todas las personas en prisión son criminales, algunas son víctimas de la fábrica de culpables y las primeras resultan ser en realidad los victimarios”

Luis Vargas 
Abogado y defensor de los derechos humanos, 
Vice presidente AFCDDH.

SÍNTESIS DE LOS HECHOS

Brenda Cruz Quevedo fue detenida en Kentucky el 12 de Diciembre del 2007. Después de una larga lucha legal en los USA  fue finalmente extraditada el 25 de Septiembre del 2009 a México. Acusada sin ninguna prueba contundente del supuesto  secuestro y homicidio del hijo de la seudo activista Isabel  Miranda de Wallace. Brenda no se imaginaria lo que le esperaba. 

El 27  de noviembre del mismo ano, custodios del centro de readaptación social del Estado de México, violaron premeditadamente los derechos de Brenda, puesto que la sacaron de su celda sin autorización, sin previa notificación y sin la presencia de su abogada. Lo anterior con la excusa de que debían llevar a cabo unas supuestas diligencias.

Después  fue  llevada a una sala de audiencia cerca de las oficinas del director del penal, ahí entraron 3 sujetos. Sin identificarse, ni darle la oportunidad a Brenda de verlos, se cubrieron los rostros con pasamontañas que y le dijeron venían por parte de la Agente Del Ministerio Publico De La Federación De La Unidad Especializada En La Investigación De Secuestros. Posteriormente y sin identificarse, ni darle la oportunidad a Brenda de verlos, se cubrieron los rostros con pasamontañas.

 Posteriormente, Los sujetos se dispusieron a la tortura física y psicológica de Brenda Cruz Quevedo, propinándole una golpiza salvaje, sofocándola con una bolsa de plástico, amenazándola con una jeringa, que según ellos, contenía sangre contaminada con  VIH, lo anterior sin que ella pudiera levantar una sola mano para defenderse, puesto que todo el tiempo se encontraba esposada.
Lo sujetos tenían consigo papel y pluma y coaccionaban a Brenda para que confesara su “crimen”, al mismo tiempo la amenazaban con asesinar a su familia. Inclusive, amenazaron con tomar represalias en contra de su propia abogada y a todo aquel que pretendiera ayudarla. Así mismo, los victimarios se justificaron diciendo que la orden había sido dada por altos funcionarios, y que el director estaba al tanto de tales acciones, además le advirtieron que regresarían hasta que Brenda firmara aquella hoja en Blanco.         
Como prueba de lo anterior, existen algunas denuncias de tales hechos ante las instancias judiciales correspondientes  y el Alto Comisionado por las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un certificado médico hecho en el penal de estado psicofísico y lesiones, el cual indica la existencia de las lesiones antes mencionadas, así como la existencia de los resultados de un examen aplicado por la CNDH conforme los estándares señalados por  protocolo de Estambul. El cual cabe señalar, se encuentra retenido por la misma institución.
La única prueba que se tiene en contra de Brenda, es una confesión de Juana Hilada obtenida bajo tortura, intimidación y sin la presencia de su abogado. Así como una foto de Jacobo FrayleTagle, en la que aparece Brenda abrazada a él y del otro lado aparece Hugo Wallace. Actualmente, Brenda se encuentra recluida bajo incomunicación en una prisión para presos de alta seguridad, en las Islas Marías corriendo el inminente riesgo de ser nuevamente traumatizada.

LOS  DERECHOS HUMANOS Y LA PROHIBICION A LA TORTURA
Acorde con las Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinciones de ningún tipo, ni condición. 
Los derechos humanos incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a la educación, entre otros, así como prohíben la esclavitud y la tortura.  Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna.
Así mismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos  en su artículo  5, nos dice que "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes".
Además de la Declaración Universal de Derechos Humanos, otros instrumentos internacionales firmados y ratificados por México, que poseen  fuerza vinculante, contemplan el derecho a la prohibición de la tortura, y a las penas y trato crueles, inhumanos o degradantes. Entre los cuales podemos citar los siguientes:
•	El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 7)
•	La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Artículo 1)
•	Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 5)
•	Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
•	Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (artículos 7,8)
•	Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (regla 31)
•	La Declaración de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (artículo3h).
Así mismo, en la legislación nacional se encuentra contemplada en:
•	La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 20, B)
•	Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura
•	El Código Penal Federal (art 215, frac. XIII
Partiendo de lo anterior,  debemos preguntarnos ¿qué es la tortura?
La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes  la define como: 
“Cualquier acto por el cual se inflinge intencionadamente un daño severo, tanto físico como mental sobre una persona, con el propósito de obtener de ella… información o una confesión, castigarlo por un acto que ella o una tercera persona ha cometido o es sospechoso de haber cometido… cuando dicho dolor o sufrimiento sea inflingido por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia" (artículo 1).”
Además, la tortura no se limita a acciones que causan daño o heridas físicas. Incluye también acciones que causan sufrimiento mental, tales como amenazas contra la familia o los seres queridos.
Finalmente, la Convención contra la Tortura de la ONU garantiza en su artículo 14, la reparación y compensación justa y adecuada específicamente para las víctimas de la tortura.






LA LEY GENERAL DE VICTIMAS Y LA INCLUSION DENTRO DEL CONCEPTO DE VICTIMA DE LOS PRESUNTOS CULPABLES VICTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.
Uno de los aspectos más sobresalientes de la ley, es que en su concepto de víctima no hace distinciones de ningún tipo, al contrario, incluye a todo aquel que haya sido víctima de violaciones a sus derechos humanos. Lo anterior, contempla a personas como Brenda Cruz, quien dentro de un proceso judicial ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades, quienes salvajemente la torturaron y posteriormente incomunicaron.
En su artículo 6, la LGV define a la víctima como:
XXI. Víctima: Persona que directa o indirectamente han sufrido el menoscabo de sus derechos producto de
una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito;

Asi mismo en su fracción XII , nos dice que debe considerarse como violación a los derechos humanos: 

“Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público.”






A su vez, en el titulo segundo de los derechos de las víctimas, capitulo I, menciona que:

“Las víctimas, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra
índole, tienen derecho a la protección del Estado, incluido su bienestar físico y psicológico y la seguridad
de su entorno, con respeto a su dignidad y privacidad”
  

El caso de Brenda Cruz encaja perfectamente en el supuesto anterior, puesto que existe la violación a sus derechos humanos por parte de los servidores públicos, quienes independientemente de si estaban o no en funciones, la torturaron vilmente. Así mismo, existe la omisión por parte del director del penal y de las autoridades investigadores del delito, de castigar a los responsables de tal crimen.

Además del hecho de que la prohibición de la tortura, como lo vimos anteriormente, se encuentra estipulada en más de 7 tratados internacionales firmados y ratificados por México.

Cabe destacar que, entre la ley de víctimas y el tratado en contra de la tortura de la ONU, existen muchas similitudes en cuanto a los derechos de las mismas y las obligaciones del estado hacia ellas, al igual que la existencia de un fondo para su apoyo.

Entre  las cuales podemos citar las siguientes (LGV): 
•	El derecho a la verdad,
•	El derecho a la asistencia y a la atención,
•	El derecho a la reparación integral del daño, (Restitución de la víctima al estado anterior al hecho punible, a la rehabilitación, a la compensación económica, al reconocimiento de su dignidad, medidas de no repetición)
•	El derecho a una investigación pronta y eficaz,
•	El derecho a que se le brinde protección y se salvaguarde su vida, y:
•	La obligación de las autoridades a la preservación de los archivos oficiales relativos a las violaciones a los derechos humanos de las víctimas. 

Mientras que por otro lado, la legislación internacional sobre los derechos humanos y la prohibición de la tortura contemplan una serie de derechos en relación con la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. Éstos incluyen:
•	El derecho a ser protegido contra la tortura 
•	Deber de perseguir a los torturadores
•	Derecho de una persona a no ser expulsada, devuelta o extraditada a otro Estado donde pueda estar en peligro
•	Derecho de las víctimas a obtener reparación, compensación justa, incluyendo rehabilitación y el derecho de las víctimas a presentar una queja, a que sea imparcialmente investigada, y a ser protegida contra represalias por presentar la queja. 
Hay cinco tipos de reparación: 
Compensación económica, tratamiento médico y rehabilitación, restitución (buscando el restablecer a la víctima a su situación previa), garantía de que no se repetirá la tortura y formas de satisfacción tales como restablecimiento de la dignidad y la reputación, y reconocimiento público del daño sufrido (ver la Convención contra la Tortura de la ONU, artículos 13, 14). 
El Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura proporciona ayuda humanitaria, legal y económica a las víctimas de la tortura y a sus familias, el cual es equiparable al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, contemplado en el titulo octavo, capitulo I, articulo 139,  el mismo tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos. 



Sin embargo, y a pesar de las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales en materia de protección a los derechos humanos, todavía hay algunas personas que no están conformes y que pretenden restringir el concepto de Victima. 

Considero que entre más amplio sea el concepto, más protección ofrecerá a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, obedeciendo a la voluntad de los legisladores y cumpliendo fielmente con los instrumentos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, especialmente al artículo 1 constitucional (Principio Pro Persona), así como al articulo 3, párrafo segundo, de la presente ley  que nos dicen:

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”

 
Por todo lo anterior, creo que ya es hora de que México haga frente a los compromisos adquiridos en los tratados internacionales en materia de protección de los derechos humanos de los que es parte. Y no los caprichos de un grupo de personas que se dicen ser activistas y utilizan tal titulo para su beneficio y personal y peor aun, para causar un daño irreparable a la sociedad. 

Consideremos la presente ley de víctimas como un logro en la obtención de justicia y respeto de nuestros derechos más fundamentales. Ahora luchemos para que efectivamente hagamos valer tales derechos a través de su estricta aplicación.



La inclusion de las victimas de la tortura dentro del concepto de victima contenido en la LGV

La próxima semana, el máximo tribunal de justicia de México retomará el caso de Florence Cassez, una francesa condenada en ese país por su presunta participación en un secuestro. En Canadá, cientos de personas hacen parte de un comité de solidaridad con esta mujer que, según varias pruebas avaladas por magistrados de la corte y otros agentes de la justicia mexicana, podría haber sido condenada siendo inocente del delito que se le imputa.

Martín Movilla habló con David, portavoz en Canadá de la Asociación contra la Fabrica de Culpables y por la Defensa de los Derechos Humanos, sobre este caso que se convirtió, en los últimos años, en un caso de política internacional entre México y Francia y en una causa de patriotismo para muchos mexicanos.