CAT: 75 años formando líderes con visión global

El Colegio Americano de Torreón celebra 75 años de historia, reafirmando su papel como una de las instituciones educativas más emblemáticas de la Comarca Lagunera. Fundado en 1950 con apenas 38 alumnos y cuatro profesores, el colegio nació del ideal de ofrecer una educación bilingüe y bicultural de excelencia, que preparara a las nuevas generaciones para integrarse al mundo con valores, conocimiento y compromiso social. Aquella visión pionera, impulsada por un grupo de ciudadanos visionarios y respaldada por la comunidad lagunera, ha florecido hasta convertir al CAT en sinónimo de prestigio, innovación y liderazgo educativo. En su camino, el colegio ha formado a generaciones que destacan en todos los ámbitos de la sociedad y que llevan con orgullo el sello de una educación integral que combina rigor académico, sentido humano y conciencia global.

A lo largo de su trayectoria, el Colegio Americano ha sabido adaptarse a los desafíos del tiempo sin perder su esencia. Desde sus primeros años en Torreón Jardín hasta su actual y moderno campus en Los Viñedos —donado por el señor Efraín López Gurza—, la institución ha crecido junto con la región, reflejando en su evolución el espíritu emprendedor de La Laguna. Hoy, con más de 1,200 estudiantes, casi 300 colaboradores y un modelo educativo sólido, el CAT sigue siendo referente de calidad, disciplina y diversidad. Sus aulas, laboratorios, bibliotecas, canchas y centros artísticos son espacios donde florecen la creatividad, el pensamiento crítico y la convivencia respetuosa. En sus 30 acres de extensión se respira la vocación de servicio y la pasión por aprender que definen a toda su comunidad.

Su modelo académico, acreditado por la Secretaría de Educación Pública y por organismos internacionales como Cognia y SACS-CASI, ofrece a los estudiantes la posibilidad de obtener una doble titulación —mexicana y estadounidense—, lo que amplía sus horizontes y les abre las puertas a universidades de prestigio dentro y fuera del país. Los egresados del CAT han sido aceptados en instituciones como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, el ITAM, la Universidad de Notre Dame y el MIT, entre muchas otras. Pero más allá de los logros académicos, el colegio ha cultivado generaciones de jóvenes con profunda responsabilidad social, liderazgo ético y compromiso con su entorno. Esa combinación de excelencia y humanidad es la que distingue al Colegio Americano y le ha permitido mantenerse a la vanguardia durante tres cuartos de siglo.

El lema “Learning for life” —aprender para la vida— sintetiza el espíritu del Colegio Americano. Más que transmitir conocimientos, busca formar personas con pensamiento crítico, sensibilidad artística, conciencia ambiental y apertura al diálogo. Su enfoque integral parte de un ambiente empático y seguro, donde cada estudiante es reconocido por sus talentos y acompañado en su desarrollo. En esa comunidad, el aprendizaje se extiende más allá de las aulas: en el arte, el deporte, el servicio social y la participación activa en la comunidad. Ser parte del CAT es aprender a ser ciudadano del mundo, a respetar la diversidad y a valorar la cooperación como base de la convivencia. Es una escuela que enseña a pensar, pero también a sentir y a actuar con propósito.

Definitivamente, amigo radioescucha, el 75 aniversario del Colegio Americano de Torreón es motivo de orgullo para toda la región. Celebrar su historia es reconocer el poder transformador de la educación, esa que forma no solo buenos estudiantes, sino mejores personas. El CAT ha sido y sigue siendo una institución que inspira confianza, que siembra esperanza y que demuestra, con hechos, que una educación integral puede cambiar vidas. Hoy, más que nunca, La Laguna agradece contar con un colegio que mira hacia el futuro sin olvidar sus raíces, y que continúa formando líderes con visión global y corazón lagunero.

EDITORIAL DE NOTICIEROS GREM MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025

Seguridad y competitividad: el binomio que sostiene a Coahuila

Coahuila vuelve a colocarse en el mapa nacional como un referente de seguridad y estabilidad, según el Instituto Mexicano para la Competitividad. La directora del IMCO, Valeria Moy, definió a la entidad como “un oasis” en medio del panorama nacional, donde la violencia y la incertidumbre económica erosionan el desarrollo. Mantener este nivel, señaló, es el gran reto. Y no le falta razón: conservar los logros cuesta más que alcanzarlos. La coordinación entre autoridades, sociedad civil y empresarios ha sido la clave de este equilibrio, pero los desafíos no cesan. La región enfrenta presiones externas, rezagos energéticos y un contexto nacional adverso que podría frenar su crecimiento.

En la Comarca Lagunera, los indicadores del IMCO refuerzan esa doble condición de fortaleza y oportunidad. La región ocupa el tercer lugar nacional en “Gobiernos eficientes y eficaces” y el segundo en “Sistema político estable y funcional”. Sin embargo, hay rezagos que exigen atención: la cobertura educativa, la innovación y la infraestructura energética todavía tienen margen de mejora. En materia de seguridad, los datos son alentadores: una tasa de homicidios de 5.7 por cada 100 mil habitantes y un 49% de ciudadanos que se sienten seguros. Son cifras notables, aunque insuficientes si no se acompañan de políticas públicas que garanticen empleos dignos, educación de calidad y servicios básicos confiables.

El gobernador Manolo Jiménez lo resumió bien al afirmar que “lo que no se puede medir, no se puede mejorar”. Bajo esa premisa, la seguridad se ha sostenido en decisiones basadas en datos, inversión constante y colaboración interinstitucional. La entrega reciente de patrullas, uniformes y equipo policial, junto con el trabajo del Consejo Estatal de Competitividad e Innovación, son reflejo de una estrategia que combina firmeza y visión de futuro. Pero el propio IMCO advierte que los sectores energético y productivo requieren una apertura más decidida hacia la inversión, la tecnología y las energías renovables, para mantener la competitividad frente a otros estados y mercados internacionales.

En La Laguna, la competitividad no se construye solo con indicadores: se construye con confianza. Las empresas necesitan certidumbre para invertir, los ciudadanos requieren servicios eficientes y las instituciones deben rendir cuentas. Si algo distingue a Coahuila es su capacidad para generar acuerdos y sostenerlos en el tiempo. Esa cultura de cooperación ha permitido que la región siga siendo atractiva para el desarrollo industrial, logístico y educativo. Pero la seguridad y la competitividad no son patrimonio de nadie: pertenecen a todos, y su preservación depende de la corresponsabilidad social y del compromiso cotidiano con el bienestar común.

Definitivamente, amigo radioescucha, Coahuila y, en particular, la Comarca Lagunera, tienen razones para sentirse orgullosos de su desempeño. Pero no es momento de relajarse. Las condiciones que hoy colocan al estado como ejemplo deben servir para redoblar esfuerzos. Mantener la paz, fortalecer la economía y mejorar la calidad de vida son tareas que exigen continuidad y colaboración. En tiempos donde tantas regiones del país viven bajo la sombra de la violencia, Coahuila demuestra que la unión entre ciudadanía y gobierno puede ser la mejor estrategia para construir futuro.

EDITORIAL DE NOTICIEROS GREM JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025

IMEF: advertencia ante el control fiscal digital

La reciente advertencia del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) respecto al acceso en tiempo real del SAT a las plataformas digitales y las nuevas retenciones fiscales sobre ingresos brutos, plantea un tema de enorme trascendencia para la economía mexicana. Aunque fortalecer la recaudación es un objetivo legítimo, sobre todo ante la delicada situación de las finanzas públicas —marcadas por el endeudamiento y los compromisos presupuestales del actual gobierno—, el diseño de las medidas genera preocupación entre los expertos financieros. No se trata solo de cobrar más impuestos, sino de hacerlo de forma inteligente, sin comprometer la competitividad del país.

De acuerdo con el IMEF, imponer retenciones del 2.5 % de ISR y 8 % de IVA sobre ingresos brutos, sin considerar los márgenes operativos ni la estructura de costos, pone en riesgo la liquidez y sostenibilidad de miles de pequeñas y medianas empresas. En sectores donde las utilidades netas apenas alcanzan entre 2 % y 5 %, esas retenciones podrían triplicar las ganancias, obligando a las empresas a endeudarse o abandonar la formalidad. Una medida así, lejos de fortalecer la economía formal, podría empujar a muchos emprendedores de vuelta a la informalidad digital.

El Instituto también advierte sobre el riesgo de vulnerar derechos constitucionales y estándares internacionales al permitir al SAT el acceso directo a los sistemas privados sin orden judicial. Además, recuerda los antecedentes de ciberataques en instituciones públicas, lo que hace poco prudente ampliar las conexiones entre plataformas privadas y gubernamentales sin suficientes salvaguardas tecnológicas ni legales. En tiempos donde la confianza digital es clave, cualquier error en la protección de datos podría tener costos incalculables para el país.

El entorno económico, por su parte, es frágil: el crecimiento proyectado del PIB para 2026 oscila apenas entre 1.8 % y 2.8 %, con tasas de interés altas y una inversión privada debilitada. En ese contexto, cualquier política fiscal que incremente la carga de cumplimiento o desincentive la inversión en tecnología y digitalización puede frenar la reactivación económica. Las decisiones fiscales deben entenderse como parte de una política integral de desarrollo, no como un recurso aislado para tapar huecos presupuestales.

Definitivamente, amigo radioescucha, el desafío no está en recaudar más a cualquier costo, sino en hacerlo sin estrangular a quienes generan empleo y desarrollo. El país necesita un equilibrio sensato entre disciplina fiscal, seguridad jurídica y estímulos a la innovación. Solo así podrá sostenerse la recaudación sin ahogar la economía digital que tanto aporta al futuro de México. Es momento de que la planeación económica y la visión de Estado vayan de la mano para construir confianza y crecimiento duradero.

EDITORIAL DE NOTICIEROS GREM LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

CATEM: un riesgo para la confianza regional

La reiteración de las denuncias contra la CATEM por parte de las cámaras empresariales de la Comarca Lagunera no es un tema menor. Desde hace meses, productores, transportistas y pequeños comerciantes han reportado cobros ilegales, amenazas y agresiones que, lejos de disminuir, se han extendido bajo un clima de impunidad. Lo más grave es que las víctimas han señalado presunta complicidad institucional, mientras el gobierno de Durango, encabezado por Esteban Villegas, continúa ofreciendo declaraciones sin resultados tangibles. La confianza, base de toda inversión, no se sostiene con discursos, sino con acciones firmes y resultados visibles que devuelvan tranquilidad a quienes generan empleo.

Las 19 organizaciones que firman este nuevo reclamo lo hacen desde la experiencia directa del acoso. Denuncian, una y otra vez, que la CATEM impone cuotas indebidas y controla sectores productivos mediante prácticas más cercanas a las del crimen organizado que a las de un sindicato legítimo. El silencio oficial, por tanto, no solo resulta inadmisible, sino peligroso. Es importante dejar claro que nadie se opone a los derechos de los trabajadores, pero sí a que esos derechos se usen como pretexto para encubrir extorsiones o abusos que dañan la economía y el tejido social de la región.

La percepción de inseguridad en la Comarca de Durango se ha deteriorado precisamente por la actuación de grupos como la CATEM, que aprovechan la falta de autoridad para intimidar a quienes trabajan. No hay competitividad posible donde impera el miedo ni desarrollo económico donde la extorsión se normaliza. Por eso, la exigencia de la Iniciativa Privada lagunera debe entenderse como un llamado a proteger la integridad de la región y de quienes la sostienen con su esfuerzo diario. La seguridad pública y la certeza jurídica no son privilegios, sino condiciones esenciales para el crecimiento compartido.

En contraste, Coahuila ha mantenido una política firme para impedir que ese tipo de prácticas echen raíces en su territorio. Las instituciones estatales han actuado con determinación y vigilancia, evitando que la CATEM y sus métodos avancen. Ese esfuerzo merece reconocimiento, pues confirma que la seguridad y la competitividad son dos caras de la misma moneda. Si algo distingue a Coahuila es su convicción de que la paz laboral se construye con justicia, diálogo y respeto a la ley, no con la intimidación ni con el miedo.

Definitivamente, amigo radioescucha, Durango debe pasar del discurso a la acción. No basta con condenar las extorsiones: es indispensable combatirlas con la ley en la mano y con voluntad política real. La Comarca Lagunera es una sola región y su futuro depende de la coordinación efectiva entre ambos gobiernos. La confianza ciudadana y empresarial no puede seguir siendo rehén de la indiferencia ni del miedo. Solo con firmeza, transparencia y cooperación podremos garantizar que el trabajo y la inversión florezcan en un ambiente de respeto y legalidad.

EDITORIAL DE NOTICIEROS GREM MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025

El Buen Fin: seguridad, vigilancia y consumo responsable

Del 13 al 17 de noviembre se llevará a cabo el Buen Fin 2025, iniciativa nacional que busca incentivar el consumo con promociones y descuentos en comercios y servicios. En La Laguna se prevé una derrama económica de más de 2 mil 400 millones de pesos, con la participación de alrededor de 3 mil 800 negocios. Para garantizar un entorno seguro, autoridades, comerciantes y cuerpos de seguridad han delineado un operativo especial que abarcará los principales corredores comerciales incluido el Centro Histórico. Esta coordinación refleja la importancia de mantener un ambiente de orden que brinde confianza a quienes participan de esta jornada.

Este despliegue incluye la participación de corporaciones estatales, municipales y del Ejército, en ambos lados del Nazas, con más de 900 elementos asignados a patrullajes y vigilancia en bancos, además de la instalación de módulos de atención inmediata para recibir reportes ciudadanos. La meta es que esta jornada comercial transcurra en saldo blanco, fortaleciendo la confianza de los compradores y la certidumbre de los comercios locales. En este esfuerzo conjunto, la prevención y la coordinación son las mejores herramientas para evitar incidentes y proteger a la población.

A su vez, la Procuraduría Federal del Consumidor instalará tres módulos de atención en la zona conurbada de La Laguna: uno en Paseo Gómez Palacio y dos en Torreón, en Galerías y Cuatro Caminos. Estos puntos servirán para recibir y atender quejas, además de realizar recorridos de verificación para evitar abusos o prácticas engañosas. La presencia de Profeco refuerza el derecho de los consumidores a recibir información clara, precios reales y trato justo. De esta forma, se fortalece la cultura del respeto y la legalidad en las relaciones comerciales.

La derrama económica esperada representa una oportunidad importante para comerciantes y para la reactivación local; sin embargo, el entusiasmo por las ofertas no debe traducirse en gastos desmedidos. El consumo inteligente implica comparar precios, evitar endeudamientos y priorizar necesidades. La compra impulsiva puede convertir un beneficio temporal en un problema duradero para la economía familiar. Ser prudente en las decisiones de compra es también una manera de ejercer responsabilidad financiera y bienestar colectivo.

Definitivamente, amigo radioescucha, el Buen Fin debe ser una fiesta del consumo responsable, no de la sobrecompra. Aprovechar las ofertas con prudencia, exigir el cumplimiento de los descuentos y valorar la seguridad son actitudes que fortalecen tanto la economía familiar como la confianza ciudadana. Comprar con conciencia es también una forma de contribuir al bienestar colectivo. Que este Buen Fin deje buenas compras, pero sobre todo, buenas decisiones.

EDITORIAL DE NOTICIEROS GREM MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

El presupuesto que revela el rumbo

La aprobación de la Ley de Egresos 2026 dejó claro que, más allá de los discursos, son los números los que hablan. Y lo que dicen es contundente: el gobierno de Claudia Sheinbaum privilegia sectores como energía —con incrementos cercanos al 87% en la Secretaría del ramo y más de 7% adicionales para Pemex— mientras recorta áreas tan sensibles como seguridad ciudadana, donde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pierde más de un 18% de su presupuesto. Es un mensaje que no debería pasar desapercibido para un país que enfrenta una ola de violencia persistente -aunque se hable de una sensible disminución de los homicidios- y donde la confianza pública depende, en gran medida, de la capacidad del Estado para proteger a su gente. El presupuesto aprobado desnuda, sin filtros, las prioridades reales de esta administración.

A ello se suma un fuerte ajuste contra los órganos autónomos. El recorte conjunto superior a los 17 mil millones de pesos al Poder Judicial, al INE, al Tribunal Electoral, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirma una tendencia peligrosa: debilitar contrapesos para concentrar poder. Paradójicamente, mientras se limita la operación de instituciones clave para la democracia, sectores como educación, cultura y medio ambiente apenas reciben incrementos marginales, insuficientes para revertir rezagos históricos. El país necesita órganos fuertes, no instituciones disminuidas por decisiones presupuestales que parecen responder más a intereses políticos que a necesidades técnicas del Estado mexicano.

Uno de los episodios más reveladores fue el incremento salarial para los diputados federales. Los propios legisladores aprobaron un aumento que los llevará a percibir alrededor de 113 mil pesos adicionales al año, además de nuevos beneficios como un seguro de vida de casi 60 mil pesos. Y aunque la presidenta se deslindó públicamente del ajuste —afirmando que es un asunto exclusivo del Congreso— el gesto exhibe la realidad: Sheinbaum no tiene control total sobre su mayoría legislativa, una bancada que actúa con autonomía selectiva cuando se trata de cuidarse a sí misma. El aumento contrasta abiertamente con el discurso de austeridad y con la realidad económica de millones de mexicanas y mexicanos.

También es preocupante que esta Ley de Egresos avance sin un debate serio sobre el enorme peso de la deuda pública. El costo financiero superará el 1.6 billones de pesos y la deuda alcanzará niveles históricos, sin que el gasto favorezca verdaderamente la inversión productiva que el país necesita. Mientras las MiPyMEs continúan sin recibir un impulso sustantivo, los proyectos de infraestructura federal mantienen la primacía, aunque varios de ellos han demostrado poca rentabilidad social. México enfrenta desafíos profundos en salud, educación y seguridad, pero el presupuesto aprobado no muestra una estrategia clara para fortalecer estos pilares ni para construir un crecimiento equilibrado y sostenible.

Definitivamente, amigo radioescucha, la Ley de Egresos 2026 revela más que una simple lista de montos: muestra el proyecto de país que se está edificando desde el poder. Un país donde las prioridades presupuestales no siempre coinciden con las urgencias sociales, donde los recortes a órganos autónomos conviven con incrementos salariales para legisladores, y donde la seguridad pierde recursos en el peor momento posible. Frente a esta realidad, el llamado es simple: mantenernos atentos, críticos y comprometidos. Porque el presupuesto no solo debe administrar el presente, sino garantizar un futuro mejor para todas y todos.

EDITORIAL DE NOTICIEROS GREM JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025

Coahuila ante un presupuesto que no alcanza

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 ya está aprobado, y para Coahuila el balance no es precisamente alentador. A pesar de ser un estado con alta recaudación y fuerte aportación a la economía nacional, los montos asignados resultan insuficientes para enfrentar los retos que la entidad tiene por delante. Según los datos aprobados, Coahuila recibirá alrededor de 63 mil millones de pesos entre el Ramo 28 y el Ramo 33, además de algunos proyectos específicos como el tren Saltillo–Nuevo Laredo, dos clínicas del IMSS y obras de la CFE. Pero la realidad es que, más allá de las cifras, lo destinado está lejos de cubrir nuestras necesidades más urgentes.

La distribución del presupuesto federal debería, por supuesto, responder a criterios de justicia y equilibrio regional. Es comprensible que se busque impulsar a entidades con menores niveles de desarrollo, en aras de un país más homogéneo y con menor desigualdad territorial. Sin embargo, esa visión pierde sentido cuando, para equilibrar, se castiga a estados que funcionan bien y que, precisamente por su dinamismo económico, requieren continuidad en inversiones clave. Frenar a quienes sí están creciendo no impulsa a quienes no crecen; al contrario, afecta la competitividad nacional.

Coahuila es un ejemplo claro. Para que el estado siga siendo atractivo para la inversión se debe garantizar seguridad, infraestructura adecuada, servicios de calidad y apoyo al sector productivo. Pero en el presupuesto aprobado no aparecen recursos etiquetados para proyectos indispensables como el fortalecimiento de los sistemas de agua en La Laguna, el drenaje pluvial en Torreón o el apoyo al sector agroalimentario para enfrentar problemas como la plaga del gusano barrenador. Las propuestas para atender estos temas fueron presentadas; simplemente fueron ignoradas.

Tampoco es menor el recorte nacional a la seguridad. La reducción de recursos para policías locales —de por sí ya presionadas por la expansión del crimen— golpea directamente a entidades como Coahuila, que han construido resultados a partir de profesionalizar y fortalecer a sus corporaciones. La seguridad no es retórica: es presupuesto, capacitación, equipamiento y coordinación. El mensaje que manda el PEF 2026 es preocupante, porque reduce justo donde se necesita reforzar.

Definitivamente, amigo radioescucha, el país necesita justicia presupuestal, pero también sentido común: no se puede exigir que estados competitivos mantengan su ritmo si no se les dan los recursos necesarios para hacerlo. Coahuila no pide privilegios; pide que no le quiten las herramientas que le permiten trabajar, producir y generar empleo. El crecimiento del país pasa por fortalecer a quienes ya están avanzando y por atender, de manera seria, lo que la gente realmente necesita.

EDITORIAL DE NOTICIEROS GREM VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

¿Ser para comprar o comprar para ser?

En estos días del Buen Fin, la pregunta que deberíamos hacernos no es si consumir es bueno o malo —esa discusión está llena de clichés—, sino algo más profundo: ¿ser para comprar o comprar para ser? En una época en la que todo parece invitarnos a definirnos por lo que poseemos, conviene detenernos un momento y pensar en el tipo de consumidor que estamos siendo. No se trata de satanizar el consumo, porque forma parte natural de la vida social y económica; se trata, más bien, de asumir que cada compra es también una decisión sobre nuestra identidad, sobre cómo queremos relacionarnos con nuestro entorno y con nuestras propias necesidades reales.

Es cierto que mecanismos como el Buen Fin pueden convertirse en trampas emocionales. Entre ofertas atractivas, publicidades sugerentes y la presión del “si no lo compro ahora, me lo pierdo”, muchas familias toman decisiones que después pesan en su salud financiera y mental. El problema no es el Buen Fin en sí mismo, sino la impulsividad con la que a veces reaccionamos frente a él. Por eso, esta temporada es también una invitación a equilibrar emoción y razón, a preguntarnos si lo que estamos por adquirir responde a un deseo consciente o a un impulso momentáneo que puede convertirse en una carga.

Pero también es cierto que la crítica fácil al consumismo suele ignorar un aspecto clave: gracias a estas dinámicas se sostienen miles de empleos y se genera prosperidad en el país. Para muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, estas fechas representan la oportunidad de recuperarse, de mantener operaciones y de seguir ofreciendo trabajo a quienes dependen de ellas. Por eso no podemos quedarnos en la superficie de descalificar por descalificar; es necesario reconocer que el consumo responsable también impulsa el crecimiento y alimenta cadenas de valor que benefician a comunidades completas.

Tal vez por ello conviene replantear la pregunta inicial. El problema no es comprar, sino cómo compramos. Vivimos dentro de un sistema económico construido en torno al consumo; ese sistema no se transformará sólo porque algunos deseen vivir al margen de él. Lo que sí podemos cambiar es nuestra actitud: ser buenos consumidores, capaces de informarnos, de comparar, de planear y de decidir sin culpa, pero también sin ingenuidad. Consumir racionalmente no significa renunciar a disfrutar, sino hacerlo con conciencia, con orden y con claridad sobre nuestras posibilidades reales.

Definitivamente, amigo radioescucha, en este Buen Fin no se trata de renunciar ni de entregarse sin reservas al consumo, sino de encontrar un equilibrio sano entre lo que queremos y lo que podemos. Ser consumidores responsables es una forma de libertad: elegir sin presión, comprar sin arrepentimientos y recordar que, al final, las cosas no nos definen, pero sí pueden reflejar el tipo de decisiones que tomamos. Aprovechemos, sí, pero con inteligencia y con la serenidad que merecen nuestras finanzas y nuestro bienestar. 

EDITORIAL DE NOTICIEROS GREM SABADO 15 DE NOVIEMBRE DE 2025

Movilidad para el futuro: lo que la Ley aún nos debe

La Evaluación de Leyes de Movilidad 2025 deja un mensaje claro para todo el país: garantizar el derecho a la movilidad no es un tema de moda, sino una condición indispensable para el desarrollo urbano, la seguridad vial y la sustentabilidad. El estudio, elaborado por Céntrico con el apoyo de organismos internacionales, revisa el avance de cada estado respecto a la armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Esta armonización no es un mero trámite legislativo: implica asegurar que las leyes estatales reconozcan derechos exigibles, mecanismos de financiamiento, reglas claras y responsabilidades específicas para que movernos por nuestras ciudades sea un proceso seguro, accesible y eficiente.

Los resultados, sin embargo, muestran un país avanzando a distintas velocidades. A julio de 2025, once entidades federativas siguen sin completar la armonización de sus leyes, a pesar de que el plazo legal ya venció. Entre ellas se encuentra Coahuila, cuya Ley de Transporte y Movilidad Sustentable presenta importantes rezagos y solo alcanza una calificación de 3 de 10 en la evaluación. Esto significa que aspectos críticos como límites de velocidad claros, normas sobre alcohol, seguridad infantil, uso de casco o mecanismos de financiamiento no están suficientemente garantizados, lo cual debilita el andamiaje jurídico necesario para una movilidad moderna y segura.

Para la Comarca Lagunera, este rezago tiene implicaciones directas. Torreón, Gómez Palacio y Lerdo forman un ecosistema urbano que depende de la coordinación interestatal. Sin leyes sólidas y homologadas, cualquier intento de mejorar el transporte público, reducir siniestros viales o rediseñar nuestras calles queda fragmentado y sin rumbo común. La movilidad no puede tratarse como un asunto aislado de cada municipio; requiere una visión regional que parta de bases legales robustas y actualizadas, porque solo así se pueden diseñar políticas coherentes, asignar presupuestos adecuados y exigir cuentas claras a las autoridades.

Pero la responsabilidad no recae únicamente en los Congresos y gobiernos estatales. La movilidad también es un asunto de conciencia ciudadana. Con o sin armonización legislativa, todas y todos podemos contribuir desplazándonos de manera más sustentable, compartiendo el automóvil, caminando más, utilizando la bicicleta cuando sea posible, respetando las señales y cuidando a los usuarios más vulnerables: peatones, ciclistas y personas con discapacidad. Cada decisión individual suma a la construcción de ciudades más seguras, humanas y eficientes.

Definitivamente, amigo radioescucha, Coahuila debe cumplir con su responsabilidad y homologar su ley cuanto antes, pero mientras eso ocurre, nosotros también podemos empezar a hacer la diferencia. Movernos mejor es posible, y comienza con la convicción de que nuestras ciudades merecen un futuro más ordenado, digno y sustentable para todos.

EDITORIAL DE NOTICIEROS GREM MARTES 18  DE NOVIEMBRE DE 2025

El recorte que desfondó a estados y municipios

Desde 2019, México vive un rediseño presupuestal que ha modificado profundamente la relación entre la Federación y las entidades federativas. La eliminación de 219 programas de subsidios y de inversión dejó a los estados y municipios sin más de 613 mil millones de pesos anuales, afectando áreas estratégicas como infraestructura, salud, educación y seguridad. Aunque la recaudación ha aumentado en estos años, los recursos no han regresado a las regiones en la misma proporción, profundizando una lógica de centralización que concentra las decisiones y los beneficios en muy pocos proyectos, mientras que el resto del país enfrenta carencias crecientes.

Los gobiernos de Morena han sostenido este recorte bajo el argumento de la austeridad republicana y del combate a la corrupción. Sin embargo, las obras insignia del expresidente López Obrador —el Tren Maya, el AIFA y la refinería de Dos Bocas— han absorbido enormes cantidades de dinero público, al mismo tiempo que la presunta corrupción que motivó la eliminación de fideicomisos y programas sigue sin traducirse en sanciones efectivas. El resultado es un doble golpe: menos recursos para las comunidades y menos claridad sobre el uso del dinero que sí se gasta.

Este vaciamiento presupuestal se ha hecho sentir con especial fuerza en los estados, que han visto cómo desaparecen fondos fundamentales para atender necesidades cotidianas y urgentes. La eliminación del Ramo 23, de los apoyos para infraestructura estatal y metropolitana, de los fondos de salud, educación y seguridad, y de programas tan diversos como Escuelas de Tiempo Completo o Pueblos Mágicos, ha generado una presión inédita sobre gobiernos locales que deben responder con menos herramientas. En entidades como Coahuila y Durango, la reducción se percibe todos los días: calles sin mantenimiento, hospitales saturados, escuelas con carencias y alcaldías obligadas a estirar cada peso.

Por si fuera poco, este escenario ocurre mientras la economía nacional permanece estancada. Las turbulencias internacionales asociadas a la política arancelaria de Donald Trump y la incertidumbre interna generada por los cambios legales han frenado la inversión y la actividad industrial, afectando el empleo y los ingresos familiares. El llamado “Plan México” no ha logrado revertir la tendencia, y los hogares —especialmente los de menores recursos— resienten cada vez más el deterioro de servicios básicos y la falta de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.

Definitivamente, amigo radioescucha, el país atraviesa un momento complejo: los estados pierden recursos, la economía no despega y las familias de menores ingresos cargan con el mayor costo. Si queremos un México más equilibrado y justo, necesitamos reconstruir una relación fiscal que devuelva a estados y municipios las capacidades que les fueron arrebatadas. No se trata de pedir privilegios, sino de asegurar que cada comunidad cuente con lo mínimo indispensable para ofrecer bienestar, seguridad y futuro a su gente.

EDITORIAL DE NOTICIEROS GREM MIERCOLES 19  DE NOVIEMBRE DE 2025

Una ley necesaria, pero insuficiente sin Estado y sin recursos

La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión avanza en el Congreso, al ser aprobada por unanimidad en el Senado y ser enviada nuevamente a la Cámara de Diputados para que revise las modificaciones realizadas, reconociendo que la extorsión es uno de los delitos que más ha crecido en México y que más daño causa a empresas, familias y trabajadores. Las cifras no mienten: según la ENVIPE, este delito repuntó a 5,971 casos por cada 100 mil habitantes en 2024, marcando un aumento notable respecto al año previo , una realidad que exige acción inmediata.

Los empresarios llevan meses advirtiendo la gravedad del problema. Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex, afirmó recientemente que “la extorsión tiene de rodillas a miles de empresarios” y que un solo evento puede destruir una pequeña empresa de manera irreversible . También recordó que la cifra negra alcanza el 97%, lo que significa que prácticamente nadie denuncia por temor a represalias. A nivel nacional, se estima que este delito cuesta más de 240 mil millones de pesos al año, según expertos del sector , un golpe devastador para la economía.

Pero por más necesaria que sea la nueva ley, su aplicación enfrenta un obstáculo crucial: la falta de recursos. La senadora Claudia Anaya advirtió que la Fiscalía especializada en secuestro —que asumiría tareas en materia de extorsión— apenas cuenta con 27.7 millones de pesos, monto destinado casi por completo a nómina, sin margen para inteligencia, tecnología, vehículos o herramientas operativas . A esto se suma que el artículo transitorio de la ley establece que no habrá ampliaciones presupuestales, lo que llevó a legisladores de distintos partidos a cuestionar cómo operarán las fiscalías locales, quién capacitará al personal o cómo se crearán unidades especializadas sin recursos adicionales .

En la Comarca Lagunera, el tema se vuelve especialmente sensible. Empresarios de la región han denunciado, una y otra vez, prácticas de extorsión vinculadas al CATEM, afectando la competitividad, la inversión y la tranquilidad de quienes generan empleos. El reclamo no es menor: ¿de qué sirve una ley más severa si, en los hechos, no hay capacidad real para investigar, detener y castigar a quienes cometen estos abusos? El riesgo es evidente: una ley que en el papel luce sólida, pero que en la práctica se vuelva letra muerta.

Definitivamente, amigo radioescucha, México necesita esta ley, pero también necesita instituciones que puedan aplicarla, policías profesionales, fiscalías fortalecidas y un compromiso real para proteger a quienes hoy viven bajo amenazas. Aprobar la ley es un paso; dotarla de recursos, capacidades y voluntad es el verdadero desafío. Sin Estado eficaz, no hay ley que alcance.

EDITORIAL DE NOTICIEROS GREM JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025

Seguridad en riesgo: Gómez Palacio no puede retroceder

La más reciente información presupuestal de Gómez Palacio causó preocupación. Mientras Torreón mantiene indicadores positivos y se ubica entre las ciudades más seguras del país, del lado duranguense el panorama es distinto. La ENSU muestra una brecha cada vez más amplia entre ambas entidades, resultado de estilos de gobierno divergentes y de niveles muy distintos de coordinación institucional. Por eso, la noticia de que Gómez Palacio tendría menos recursos para Seguridad en 2026 encendió de inmediato las alertas, aún cuando la autoridad municipal señaló que no será así. No obstante, la IP lagunera expresó su inquietud al Cabildo de Torreón, advirtiendo que un debilitamiento de la estrategia en el municipio vecino inevitablemente impacta a toda la Zona Metropolitana. La seguridad, hay que decirlo, no entiende de fronteras municipales.

Tal situación ocurre justo cuando Gómez Palacio enfrenta episodios delictivos más complejos que el resto de la región. Resultaría incomprensible que, en lugar de fortalecer las capacidades policiales, la vigilancia y la tecnología, se diera un giro en sentido contrario. A ello se suman las voces empresariales que han denunciado que las extorsiones continúan, lo que vuelve aún más sensible cualquier decisión que reduzca recursos en un momento crítico.

La preocupación expresada por la Iniciativa Privada no es exagerada: la seguridad regional depende de la solidez de cada municipio. Torreón ha insistido en que una Zona Metropolitana segura solo puede construirse si todos los gobiernos mantienen estrategias firmes, inversiones estables y cooperación continua. Cuando uno de los municipios baja la guardia, los efectos se sienten en todas partes. Es un asunto de inteligencia colectiva, no de protagonismos. Y por eso esta reducción presupuestal, en caso de ser así, debe analizarse con seriedad y sin cálculos políticos, entendiendo que la estabilidad económica y social de La Laguna depende, en gran medida, de mantener a raya a la delincuencia.

Frente a este escenario, la responsabilidad del gobierno municipal de Gómez Palacio se vuelve aún mayor. Con menos recursos, la obligación es utilizarlos con total rigor, priorizando vigilancia, prevención, profesionalización y tecnologías que rindan resultados. También será indispensable una coordinación estrecha con las autoridades estatales, federales y con los municipios laguneros del lado coahuilense, que han demostrado que la estrategia compartida funciona. Pero nada de esto será suficiente si no se fortalece la relación con la ciudadanía, sus organizaciones y los grupos empresariales, quienes no solo vigilan, sino que aportan información clave para mejorar la seguridad.

Definitivamente, amigo radioescucha, Gómez Palacio no puede permitirse retroceder en una materia tan delicada como la seguridad. La región ha avanzado demasiado como para dejar que decisiones presupuestales pongan en riesgo esa ruta. El llamado es claro: que cada peso destinado a proteger a las familias gomezpalatinas se ejerza con responsabilidad, transparencia y visión metropolitana. Solo así evitaremos que el esfuerzo conjunto de toda La Laguna se vea comprometido por la falta de prioridad en un tema que lo es todo: la tranquilidad y la vida de quienes aquí vivimos.

EDITORIAL DE NOTICIEROS GREM VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

Ley Nicole: un llamado urgente a mirar más allá de la cirugía

La aprobación de la llamada Ley Nicole en Durango marca un antes y un después en la protección de niñas y adolescentes frente a prácticas médicas riesgosas. El Congreso estatal votó por unanimidad reformas que prohíben las cirugías estéticas en menores y establecen penas de 4 a 8 años de prisión para quien las realice, así como sanciones de 2 a 6 años por usurpación de profesión . La norma incorpora la corresponsabilidad de padres y hospitales, endureciendo controles para evitar que se repita una tragedia como la de Paloma Nicole, de 14 años, fallecida tras una cirugía estética practicada sin autorización del padre.

El caso, que conmocionó al país, expuso de manera cruda los vacíos legales y la falta de vigilancia en clínicas privadas. También evidenció el papel que pueden jugar las propias familias cuando minimizan los riesgos de procedimientos invasivos o, peor aún, cuando normalizan intervenciones que deberían estar reservadas para adultos plenamente responsables. La Ley Nicole intenta cerrar esa puerta, dejando claro que someter a una menor a una operación estética no es una decisión “personal”: es un acto con profundas implicaciones médicas, legales y éticas.

Pero el Congreso también señaló algo fundamental: prohibir no basta. En el debate legislativo se subrayó la necesidad de atender los “detonantes sociales, culturales y económicos” que empujan a niñas y adolescentes a buscar cirugías plásticas . Vivimos en una época en la que la apariencia se coloca por encima del bienestar, en la que la presión por encajar —en redes, en la escuela, en los propios grupos sociales— se vuelve una carga insostenible para mentes en formación. Cuando el valor personal se confunde con la imagen, las decisiones pueden ser tan precipitadas como peligrosas.

La aprobación de la Ley Nicole debería abrir un espacio para la reflexión social. ¿Qué mensajes reciben nuestras hijas desde pequeñas? ¿Por qué tantas sienten que su cuerpo “no es suficiente”? Las causas están ahí: estereotipos impuestos, consumo temprano de contenido hipersexualizado, modelos aspiracionales irreales y una industria que convierte la inseguridad en negocio. Si no se trabaja desde la educación, la prevención y la salud mental, cualquier ley será apenas un muro frágil frente a una corriente que crece cada día.

Definitivamente, amigo radioescucha, la Ley Nicole es un paso necesario, pero no es el final del camino. La responsabilidad colectiva —familias, escuelas, instituciones, medios y sociedad en general— es indispensable para construir entornos donde niñas y adolescentes aprendan a valorarse por lo que son, no por cómo creen que deben verse. Protegerlas legalmente es importante; protegerlas cultural y emocionalmente es indispensable.

EDITORIAL DE NOTICIEROS GREM LUNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2025

Cuando las carreteras se vuelven un riesgo para todos

El paro nacional de transportistas que se llevó a cabo ayer lunes en distintas zonas del país no surgió de un capricho ni de una motivación política, como intenta reducirlo la Secretaría de Gobernación al descalificar la protesta. Su origen es una realidad evidente: las carreteras de México se han convertido en un territorio incierto para quienes mueven la economía nacional. Los transportistas denuncian asaltos, extorsiones, cobros ilegales y una falta persistente de vigilancia. Y, aunque el gobierno asegura que las mesas de diálogo están abiertas, la percepción en el sector es que las respuestas se quedan cortas frente a la gravedad del problema.

Los testimonios son contundentes. Hay rutas donde los operadores enfrentan hasta 70 robos diarios y donde los retenes ilegales se han convertido en la norma . No solo los grupos criminales están detrás de estos delitos; diversas policías estatales y municipales también son señaladas por extorsión. Para muchos transportistas, el trayecto no solo implica mover carga: implica sobrevivir. Las denuncias incluyen desde amenazas por llevar licencias digitales hasta cobros indebidos por supuestas irregularidades que las mismas autoridades provocan al no emitir documentos suficientes para circular.

A esto se suman los efectos económicos. Las grandes firmas estadounidenses ya advirtieron que el robo en carreteras aumenta los costos logísticos, encarece los productos y desalienta inversiones en el país . Y no hablamos solo de grandes corporaciones: cada robo, cada retén, cada amenaza se refleja, tarde o temprano, en el precio de los alimentos, del transporte y de los bienes que consumen las familias mexicanas. La inseguridad carretera no afecta únicamente a los transportistas; nos afecta a todos, porque eleva el costo de la vida y limita la capacidad del país para generar empleos bien pagados.

Mientras tanto, el gobierno federal insiste en minimizar el problema, sugiriendo motivaciones políticas detrás de los bloqueos . Pero la realidad es más simple y más dura: cuando un sector llega al extremo de parar actividades a nivel nacional, no lo hace por estrategia electoral, sino por desesperación. Es absurdo pretender resolver un tema estructural con descalificaciones. Las mesas de diálogo son necesarias, pero deben ir acompañadas de resultados tangibles: más vigilancia, menos corrupción, mejor coordinación entre autoridades y una verdadera política de seguridad carretera.

Definitivamente, amigo radioescucha, lo que hoy ocurre en las carreteras del país debe verse como un llamado urgente: sin seguridad no hay movilidad, sin movilidad no hay economía y sin economía no hay bienestar. Atender las causas del paro no solo es un deber hacia los transportistas; es una obligación hacia cada familia que depende de que los productos lleguen seguros, a tiempo y a un precio justo. La inseguridad carretera no es un problema sectorial, es un problema nacional que ya no admite más evasivas.

EDITORIAL DE NOTICIEROS GREM MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025

Coahuila no baja la guardia: seguridad para seguir creciendo

Coahuila vive un momento excepcional en materia de seguridad pública. Durante su Segundo Informe, el gobernador Manolo Jiménez destacó que hoy la entidad es la más segura del norte del país y la segunda a nivel nacional, según las mediciones del Inegi. No se trata de triunfalismo, sino de resultados concretos: en dos años se han invertido 7 mil 500 millones de pesos en infraestructura de seguridad, incluyendo 15 cuarteles del Ejército, la Policía Estatal y la Marina, distribuidos estratégicamente en zonas desérticas, fronterizas y metropolitanas. Esta base sólida permite entender por qué los coahuilenses reconocen la importancia de mantener el rumbo.

Además, se reforzó el blindaje estatal con nuevos arcos de vigilancia, la modernización de la Fiscalía General del Estado y un esquema operativo que mantiene presencia permanente en carreteras, brechas, zonas rurales y áreas urbanas de mayor afluencia. Como recordó el fiscal general, los indicadores actuales son los mejores de los últimos 20 años, pero incluso así no existe espacio para la complacencia. Esta vigilancia constante es la que ha permitido que los resultados no solo se alcancen, sino que se sostengan en el tiempo.

El propio gobernador lo dejó claro: la seguridad seguirá siendo la prioridad número uno. Por ello, anunció que en el paquete económico 2026 se propondrá un incremento significativo al presupuesto de seguridad, buscando consolidar la coordinación con Ejército, Marina, Guardia Nacional y municipios. Esta decisión no solo responde a una exigencia ciudadana, sino también a una visión estratégica: sin seguridad no hay inversiones, empleos ni progreso posible. Mantener esta ruta es indispensable para asegurar que el crecimiento económico se traduzca en bienestar real.

Coahuila, además, está rodeada de entidades que enfrentan altos niveles de violencia. No es un dato menor. El contraste regional obliga a mantener el paso y evitar cualquier relajamiento. Los avances no son fruto de la casualidad: derivan de una estrategia seria, profesional y permanente, como reconocieron legisladores de distintas fuerzas políticas al analizar la glosa del informe. Por ello, la continuidad operativa y presupuestal se vuelve un elemento clave para no retroceder ni un solo paso.

Definitivamente, amigo radioescucha, si algo nos enseñó el pasado reciente es que la seguridad nunca puede darse por sentada. Coahuila ha demostrado que, con coordinación, inversión y voluntad política, se puede construir un entorno estable y confiable. Pero sostenerlo depende de todos: autoridades que no bajen la guardia y ciudadanía que siga participando, vigilando y colaborando. Al final, el compromiso compartido es el que garantiza que la seguridad se mantenga como un patrimonio común.

EDITORIAL NOTICIEROS GREM MIERCOLES 26 NOVIEMBRE 2025

Una anulación que abre más preguntas que certezas

El anuncio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar la reforma electoral de Coahuila sorprendió por lo contundente de su alcance: el decreto aprobado en junio por el Congreso local queda sin efectos y no aplicará en las elecciones de 2026. El argumento central es claro: se violó el procedimiento legislativo al excluir de forma indebida a las minorías parlamentarias, aprobando una reforma compleja en menos de 24 horas, sin debate, sin tiempo reglamentario y sin posibilidad de presentar reservas . Al tratarse de normas electorales —materia especialmente sensible— la Corte sostiene que se debieron extremar precauciones en el proceso. Hasta aquí, el razonamiento es sólido: una mala forma contamina cualquier fondo, por atractivo que parezca.

Pero vale la pena detenernos en lo que detonó esta intervención: fue Morena quien promovió la acción de inconstitucionalidad. Morena alegó que la mayoría priista-panista aprobó el paquete “fast track”, negando deliberación y participación a las minorías. La pregunta surge sola: ¿no es ese el mismo trato que Morena da a las minorías cuando controla los Congresos federal y estatales? Existen numerosos ejemplos en los que la coalición oficialista ha aprobado reformas profundas sin escuchar a la oposición, argumentando que tienen los votos suficientes. Reclamar en Coahuila lo que se practica en San Lázaro o en otros estados gobernados por la 4T evidencia una doble vara que abona a la desconfianza política y a la erosión del debate democrático.

El segundo punto es todavía más delicado: ¿qué nos dice este fallo de la autonomía de la Corte? ¿Se anuló la reforma porque verdaderamente se violentó el proceso o porque la impugnación provenía de Morena y el golpe político recaía sobre un gobierno emanado de la oposición? La sospecha, injusta o no, es inevitable en un país donde las instituciones llevan años desgastándose y donde cualquier decisión relevante es inmediatamente leída en clave partidista. El riesgo es profundo: si la percepción pública termina siendo que los fallos se alinean a quien grita más fuerte o a quien tiene más poder coyuntural, entonces la justicia deja de ser un piso firme para convertirse en un terreno movedizo.

Conviene recordar que la propia resolución de la Corte mezcla criterios estrictos con otros más flexibles: mientras anuló disposiciones clave —como la nueva fórmula de sobrerrepresentación o la reducción de plazos para registrar coaliciones, que son competencia federal— también avaló cambios como el adelanto del inicio del proceso electoral o la reducción de precampañas . Es decir, no desechó todo, sino lo que consideró incompatible con la Constitución. La pregunta es si este equilibrio técnico será reconocido por la ciudadanía… o si la narrativa de “la Corte actuó a favor de Morena” terminará imponiéndose. Las instituciones pueden tener razón jurídica y, aun así, perder la batalla de la confianza pública.

Definitivamente, amigo radioescucha, este episodio nos recuerda que las democracias se sostienen no sólo por decisiones correctas, sino por la confianza en quienes las toman. Si el Congreso de Coahuila se equivocó en el proceso, debe corregirlo, y si la Corte actuó con apego constitucional, debe mostrarlo con criterios consistentes en otros casos, incluidos aquellos que involucren a gobiernos de Morena. Porque sin reglas claras, sin instituciones fuertes y sin la percepción de imparcialidad, cualquier reforma —buena o mala— queda atrapada en la sospecha. Y cuando la sospecha domina, lo que se debilita no es un partido ni un gobierno, sino la democracia misma.

EDITORIAL NOTICIEROS GREM JUEVES 27 NOVIEMBRE 2025

El agua, la ley y el costo de no escuchar

La discusión sobre la nueva Ley de Aguas Nacionales escaló esta semana hasta convertirse en una de las controversias más relevantes del país. De acuerdo con el gobierno federal, la reforma busca ordenar el uso del recurso hídrico, combatir el acaparamiento y fortalecer la rectoría del Estado, asegurando el agua como derecho humano. La Conagua insiste en que no se revocarán concesiones legítimamente usadas y que el binomio tierra-agua seguirá vigente, incluso para herencias y compraventas, como lo aclaró su director Efraín Morales . Pero esa versión institucional contrasta con el temor de miles de productores que, desde Chihuahua hasta Veracruz, vieron en la iniciativa una amenaza directa a su actividad.

Las protestas no fueron menores. Agricultores bloquearon carreteras y se sumaron a las manifestaciones que ya encabezaban los transportistas, generando pérdidas superiores a seis mil millones de pesos, según reportes de la iniciativa privada. El nerviosismo del campo proviene de varios puntos sensibles: la prohibición de transmitir concesiones, la recuperación de títulos inactivos, los nuevos delitos hídricos y el temor a criterios discrecionales en la regularización de pozos. Productores han hablado incluso de una posible “expropiación de facto” al impedir la transmisión de derechos, como documentó la prensa nacional . Para muchos, el riesgo no es solo económico, sino existencial: sin certidumbre sobre el agua, se vuelve incierto sembrar.

La reacción política no tardó. Tras días de tensión, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció la legitimidad de las preocupaciones y anunció mesas de trabajo para procesar ajustes a la iniciativa antes de su aprobación definitiva . El propio Monreal detalló que los campesinos piden protección para sus pozos, respeto a los volúmenes que ya tienen concesionados, trámites más ágiles y la garantía de que el agua no quedará separada de la tierra. Al final, lo que parecía una aprobación inminente se transformó en negociación obligada, prueba de que la ley, como estaba planteada, no logró convencer a quienes dependen directamente del recurso.

Conviene reconocer que en regiones como la Comarca Lagunera sí hubo abusos en las concesiones durante décadas. Se sobreexplotaron los mantos, se intercambiaron derechos sin control y se utilizaron volúmenes destinados al campo para fines industriales o inmobiliarios, como han señalado las propias autoridades. Ordenar ese caos es necesario, incluso urgente. Pero también es cierto que, cuando las autoridades federales insisten en presentar toda crítica como defensa de “privilegios”, reducen un debate complejo a un eslogan político. La realidad es más matizada: hay productores cumplidos que temen perder certidumbre jurídica y hay comunidades enteras cuyo futuro depende del acceso seguro al agua.

Definitivamente, amigo radioescucha, lo ocurrido confirma que aun cuando los fines puedan ser legítimos, los procesos importan. Consultar a quienes serán afectados antes de aprobar una reforma evitaría protestas costosas, tensiones innecesarias y decisiones tomadas bajo presión. El agua es demasiado valiosa para legislarla sin diálogo amplio, técnico y honesto. Ojalá esta vez el Congreso entienda que la gobernanza del recurso no puede construirse desde la imposición, sino desde la participación. Porque si algo enseñó esta semana, es que cuando no se escucha a tiempo, el país termina pagando la cuenta.

EDITORIAL NOTICIEROS GREM SABADO 29 NOVIEMBRE 2025

Cuando la información se convierte en un riesgo

El nuevo análisis de Causa en Común sobre las conferencias matutinas del gobierno federal vuelve a poner el dedo en una llaga que, lamentablemente, no deja de sangrar: la falta de sustento informativo en materia de seguridad. Tras revisar 248 “mañaneras” y presentar 199 solicitudes de información, la organización encontró que solo el 22% obtuvo respuesta con algún dato y, aun así, el 96% no coincidió con lo dicho públicamente . Aún más grave: más de la mitad de las dependencias respondió remitiendo a los mismos videos de las conferencias, cerrando el paso a cualquier verificación independiente. Es decir, la fuente oficial se remite únicamente a sí misma, en un circuito donde la afirmación sustituye al dato.

Ante un tema tan delicado como la seguridad pública, esto no es una falla menor. Como advierte el estudio, las “mañaneras” han dejado de ser un mecanismo de información para convertirse en un muro que cancela la posibilidad de contrastar los dichos oficiales con los registros institucionales . Cuando un gobierno administra su comunicación de tal manera que evita la verificación, el resultado previsible es un deterioro del entendimiento público de la realidad. Y, en materia de seguridad, comprender bien la realidad es una condición básica para tomar decisiones personales y colectivas que pueden salvar vidas.

El riesgo no está solamente en los datos que se dicen —o en los que se omiten—, sino en las consecuencias sociales de la desinformación. Una ciudadanía que no puede confiar en la información gubernamental difícilmente puede evaluar políticas, exigir resultados o reconocer avances reales. La opacidad y la propaganda, cuando sustituyen a las instituciones, alimentan percepciones distorsionadas: minimizan problemas graves, exageran los logros y provocan que la población tome decisiones cotidianas a partir de una narrativa, no de los hechos.

Lo importante aquí no es criticar a un partido político. Lo relevante es señalar el daño que causa un ejercicio de comunicación gubernamental que confunde propaganda con información y que trata la verificación como una amenaza. La seguridad pública debería ser abordada con seriedad técnica, con datos confiables y con respeto al derecho de la ciudadanía a conocer la verdad. Un gobierno, cualquiera que sea su signo partidista, no puede negar esa responsabilidad sin poner en riesgo a la población que dice proteger.

Definitivamente, amigo radioescucha, vale la pena preguntarnos si un país puede avanzar en materia de seguridad cuando su principal canal de comunicación pública opera sin sustento documental y desincentiva el acceso a la información verificable. México necesita instituciones fuertes, datos claros y ciudadanía informada; no una narrativa que se alimenta a sí misma mientras los desafíos reales siguen creciendo.

EDITORIAL NOTICIEROS GREM LUNES 01 DE DICIEMBRE 2025

Indicadores que incomodan, indicadores que orientan

El Índice de Progreso Social 2025, elaborado por la organización Causa en Común, vuelve a colocarnos frente a una realidad que no deberíamos ignorar. El informe muestra, con datos duros, que avanzar como sociedad implica mucho más que crecer económicamente: requiere garantizar derechos, servicios y oportunidades. Al revisar los resultados nacionales, queda claro que México mantiene un rezago importante en aspectos esenciales para la vida digna. Y es justamente ese contraste entre nuestras aspiraciones como país y lo que revelan los indicadores el que debe invitarnos a la reflexión. Los números no cuentan historias completas, pero sí señalan tendencias que sería irresponsable pasar por alto en un momento en el que la discusión pública suele estar dominada por discursos triunfalistas.

Coahuila aparece, nuevamente, como uno de los estados mejor posicionados en el índice. Ese resultado no es menor: refleja años de trabajo institucional, coordinación entre autoridades y un compromiso sostenido con la prestación de servicios básicos. Sin embargo, el informe también deja ver áreas críticas. Incluso estados que avanzan requieren mantener el esfuerzo, porque el progreso social no es una medalla permanente sino una tarea continua. Los hallazgos de Causa en Común recuerdan que el bienestar de la población depende de decisiones acumuladas y políticas públicas consistentes, no de mensajes optimistas ni momentos coyunturales. Los datos nos exigen mantener el rumbo sin caer en la complacencia.

Durango, por su parte, presenta contrastes relevantes. Aunque no se ubica entre los estados con peores resultados, el informe muestra rezagos que deben tomarse en serio, especialmente en indicadores relacionados con salud y bienestar. El reto de Durango radica en que, aun con una trayectoria estable, no logra traducir plenamente sus avances en mejoras sustantivas para todas las comunidades. La desigualdad regional dentro del propio estado sigue siendo un obstáculo para un progreso social equilibrado. Las autoridades duranguenses encontrarán en este diagnóstico una guía para priorizar acciones, focalizar programas y corregir deficiencias que, de no atenderse, podrían deteriorar aún más su posición relativa frente al resto del país.

Uno de los hallazgos más preocupantes del Índice de Progreso Social 2025 es el deterioro nacional en Salud Pública. La disminución en cobertura, prevención y tratamientos oportunos no solo se refleja en los números; se siente en los hogares. Para las familias, cada consulta tardada, cada medicamento inexistente y cada hospital saturado representan retrocesos reales que afectan su vida diaria. A esto se suma la inseguridad, que continúa siendo el principal obstáculo para el progreso social en México. La violencia no solo daña directamente a las personas: frena inversiones, limita libertades, disminuye oportunidades y profundiza desigualdades. Sin seguridad, difícilmente puede haber bienestar sostenible, y el informe lo evidencia con contundencia.

Definitivamente, amigo radioescucha, índices como éste no deben verse como ejercicios académicos o como instrumentos para la confrontación política. Su valor radica en que permiten orientar decisiones públicas y ciudadanas, identificar prioridades y exigir mejoras basadas en evidencia. La transparencia en los datos es un acto de respeto hacia la sociedad, porque nos permite evaluar sin engaños lo que funciona y lo que debe corregirse. Si queremos un país que avance con paso firme, necesitamos gobiernos que asuman estos indicadores como brújula y ciudadanos que los utilicen para participar, exigir y construir soluciones. El progreso social no es automático: se diseña, se trabaja y se mide.

EDITORIAL NOTICIEROS GREM MARTES 02 DE DICIEMBRE 2025

Un arranque crucial para Coahuila

El pasado lunes 1 de diciembre del 2025 quedó instalado, por parte del Instituto Electoral de Coahuila, el proceso para renovar el Congreso del Estado en 2026, una elección que se realizará el próximo 7 de junio. De acuerdo con lo aprobado en la sesión del IEC, se elegirán 25 diputaciones: 16 de mayoría relativa y nueve de representación proporcional. Además, el calendario marca que los convenios de coalición podrán registrarse del 2 al 16 de diciembre, que las precampañas se llevarán a cabo del 1 al 20 de marzo y que las campañas iniciarán el 5 de mayo y concluirán el 3 de junio. Arranca, pues, un proceso ordenado, con reglas claras y con la participación de los partidos nacionales y locales que ya comienzan a definir sus estrategias.

Como suele ocurrir en las llamadas elecciones “huérfanas”—aquellas en las que solo se renueva el Congreso y no coinciden con comicios para la gubernatura o alcaldías—el principal desafío será la participación ciudadana. Basta recordar que, hace 6 años, cuando también se eligieron únicamente diputaciones locales, la abstención fue muy elevada. Solo 4 de cada 10 coahuilenses en el padrón, votó. Y aunque este fenómeno se repite en distintos estados, vale la pena reflexionar sobre las razones que lo provocan: a veces se cree equivocadamente que elegir diputadas y diputados “pesa menos” que votar por una gubernatura. Sin embargo, lo que se decide en el Congreso tiene efectos directos y profundos en la vida cotidiana.

El Congreso local define el presupuesto, aprueba las leyes que afectan la seguridad, la movilidad, la educación, el desarrollo económico y fiscaliza el uso de los recursos públicos. Un Poder Legislativo fuerte, preparado y responsable es indispensable para equilibrar al Ejecutivo y dar rumbo a la entidad. Por eso resulta tan importante que la ciudadanía no dé por sentado que se trata de una elección menor. Cada voto influye en la capacidad del Congreso para dialogar, negociar y poner límites cuando es necesario. Una mala integración puede frenar avances; una buena, puede potenciar el desarrollo del estado.

Además, la participación ciudadana no solo fortalece la legitimidad de quienes resulten electos, sino que envía un mensaje claro sobre el interés público en la rendición de cuentas. Cuando pocas personas votan, se abren espacios para que los partidos coloquen perfiles sin preparación, sin compromiso y sin cercanía con la sociedad. Pero cuando la ciudadanía se involucra, los incentivos cambian: los políticos deben responder, deben escuchar y deben rendir cuentas. La democracia pierde fuerza cuando la participación baja, pero se revitaliza cuando acudimos a votar con la convicción de que el Congreso importa, y mucho.

Definitivamente, amigo radioescucha, este es un buen momento para recordar que los indicadores de la calidad democrática no se construyen solos: dependen de la participación informada y del interés por los asuntos públicos. Este proceso electoral ofrece la oportunidad de fortalecer al Congreso y, con ello, mejorar el funcionamiento institucional de Coahuila. Ojalá que, en 2026, no repitamos los niveles de abstención del pasado y que entendamos que elegir diputadas y diputados es tan importante como cualquier otra elección. Solo involucrándonos podremos aspirar a un estado más equilibrado, más transparente y más próspero.

EDITORIAL NOTICIEROS GREM MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE 2025

Un relevo que desnuda la fragilidad institucional

La salida de Alejandro Gertz Manero marcó el fin de una gestión tan polémica como prolongada. Desde su llegada en 2019, la Fiscalía General de la República nunca logró consolidar la autonomía que prometía la reforma de 2014. Los hechos muestran que la Fiscalía nació débil y no resistió la presión política del poder Ejecutivo. La dimisión de Gertz —y su inminente nombramiento como embajador— confirma que la autonomía transexenal quedó, en los hechos, como un espejismo institucional. Su paso por la FGR dejó interrogantes sobre la imparcialidad en casos emblemáticos y la persistente impunidad que supera el 90%. Este es el contexto real en el que ocurre el relevo.

En este marco, el Senado eligió a Ernestina Godoy como nueva titular de la FGR. Su designación, que recibió un apoyo mayoritario del bloque oficialista, confirmó un proceso sin sorpresas. Desde que Claudia Sheinbaum envió la terna, el favoritismo hacia Godoy fue evidente, tanto por su cercanía política como por los cargos que ha ocupado en gobiernos de Morena. La oposición calificó el procedimiento como una “simulación”, argumentando que el resultado estaba decidido desde Palacio. Tales cuestionamientos no son menores: la conducción de la Fiscalía exige independencia no sólo formal, sino real, frente al poder que debe vigilar.

Ernestina Godoy ha prometido una Fiscalía de puertas abiertas, sin fabricación de culpables ni persecución política, pero también sin impunidad. Ofreció poner al centro a las víctimas y garantizar investigaciones imparciales, un discurso que generó ovaciones entre legisladores oficialistas. Sin embargo, su trayectoria revela un reto mayor: demostrar que su cercanía con dos presidentes —López Obrador y ahora Sheinbaum— no impedirá que investigue con la misma determinación los casos donde puedan aparecer figuras del propio movimiento en el poder. La legitimidad de su gestión dependerá, en buena medida, de su capacidad para romper con la percepción de dependencia política.

Los pendientes que deja Gertz Manero son enormes. Más allá de los escándalos personales, su gestión no logró reducir la impunidad estructural del país ni garantizar una procuración de justicia efectiva. Casos emblemáticos quedaron inconclusos o fueron conducidos bajo criterios cuestionados. Se va, además, señalado por haber utilizado su poder para venganzas personales y protección de aliados . Hoy, con casi 95% de delitos sin castigo, la Fiscalía enfrenta desafíos que requieren algo más que lealtad política: requieren profesionalismo, independencia y resultados verificables. De ello dependerá que la institución deje de ser un instrumento del poder en turno.

Definitivamente, amigo radioescucha, el país necesita una Fiscalía que funcione. No una Fiscalía alineada a un partido, sino una institución capaz de garantizar justicia sin sesgos, porque la paz pública depende, en buena medida, de la confianza en quien investiga y persigue los delitos. Podemos simpatizar con un proyecto político o discrepar de él, pero la justicia no puede depender de esas afinidades. Si Ernestina Godoy quiere honrar su compromiso con las víctimas y con México, deberá demostrar, desde el primer día, que la FGR trabaja para la ciudadanía y no para el poder. Eso es lo que el país merece y lo que debemos exigir.

EDITORIAL NOTICIEROS GREM JUEVES 04 DE DICIEMBRE 2025

Entre logros y desafíos: el balance del gobierno municipal

Ayer jueves 4 de diciembre, en el Teatro Nazas, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, presentó su Informe de Resultados 2025. Fue un recuento de acciones que, sin caer en exageraciones, muestran una administración que ha sabido priorizar, sobre todo en un contexto donde los recursos siempre son limitados. El alcalde destacó que la seguridad sigue siendo el eje fundamental de su gobierno, porque —dijo con razón— sin seguridad no hay desarrollo posible. Y aunque los resultados no deben leerse como misión cumplida, sí permiten un balance positivo para la ciudad.

En materia de seguridad, el municipio reporta una inversión histórica que incluye más de 300 unidades operativas, más de 800 armas, 550 mil cartuchos y un sistema de videointeligencia que ya suma alrededor de mil 400 cámaras instaladas. Además, se han abierto cuatro generaciones de cadetes y se incorporaron más de 350 nuevos elementos en cuatro años, reforzando un modelo policial que apuesta por proximidad e inteligencia. Las cifras de incidencia delictiva comparadas con décadas anteriores fueron destacadas, y aunque aún hay desafíos evidentes, los avances no pueden minimizarse.

Otro eje presentado fue el de Vialidad y Obras Públicas. El informe recoge más de 130 obras realizadas en 2025, con inversiones superiores a los 330 millones de pesos, incluyendo rehabilitación de pavimento en más de 350 colonias, instalación de 5 mil luminarias nuevas y avances importantes en infraestructura estratégica como el Sistema Vial Abastos–Independencia y el reordenamiento del bulevar Revolución. Torreón cerró el año con cero deuda y con proyectos relevantes en marcha para 2026. Son logros que hablan de un municipio que busca ser más competitivo y funcional.

En Servicios Públicos, el gobierno municipal dio cuenta de mejoras visibles: 30 mil toneladas de basura retiradas por “La Ola”, atención ampliada a pozos de agua y drenaje, creación y rehabilitación de espacios públicos como la Línea Verde, el parque Zaragoza Sur y el inicio del Parque Lineal Oriente. También se reforzó la atención ciudadana con la estrategia “SIMAS Cerca de Ti”. La ciudad, sin duda, muestra signos de orden y mantenimiento más constante, aunque todavía falta que esa mejora sea homogénea en todos los sectores.

Definitivamente, amigo radioescucha, el balance presentado ayer muestra avances que deben reconocerse, pero también una realidad que exige continuidad, vigilancia ciudadana y una planeación de largo plazo. Torreón es una ciudad con aspiraciones legítimas de prosperidad y calidad de vida, y para lograrlas necesita mantener el paso, corregir lo que aún falta y asegurar que cada inversión realmente fortalezca su futuro.  Lo importante, ahora, será que los resultados se sostengan y que la ciudad avance con la mirada puesta en un desarrollo que beneficie a todas y todos.

EDITORIAL NOTICIEROS GREM VIERNES 05 DE DICIEMBRE 2025

Día de los Derechos Humanos: un espejo necesario para México

Cada 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos, una fecha establecida en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para recordarnos que la dignidad humana es universal y que ningún país —ninguno— está exento de revisarse con honestidad. En el caso de México, el más reciente informe de Amnistía Internacional dibuja un panorama que exige atención inmediata, pues revela retrocesos graves y riesgos crecientes para miles de personas en el ejercicio de sus libertades más básicas. No es un retrato ajeno: es un reflejo que como sociedad debemos mirar de frente.

De acuerdo con Amnistía Internacional, los defensores de derechos humanos, periodistas y manifestantes siguen enfrentando criminalización, violencia y hasta la muerte. Persisten posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas armadas y una impunidad que parece instalada como norma. La desaparición de personas continúa siendo una herida abierta que no deja de crecer, mientras las mujeres buscadoras siguen arriesgando sus vidas para encontrar a sus familiares. A esto se suma un proceso preocupante de militarización de la seguridad pública y reformas que amenazan la independencia judicial, pilares esenciales de cualquier democracia.

El informe también muestra que las agresiones contra periodistas continúan, que las protestas sociales frecuentemente reciben respuestas desproporcionadas y que la violencia de género mantiene niveles intolerables. Los feminicidios no disminuyen, y la violencia contra mujeres transgénero alcanza cifras alarmantes. Mientras tanto, las personas migrantes y solicitantes de asilo enfrentan riesgos extremos, trámites suspendidos y violaciones constantes a sus derechos fundamentales. Nada de esto es una estadística lejana: son historias de vida arrancadas, familias quebradas y comunidades enteras que viven con miedo.

Frente a este escenario, México no puede resignarse. Las instituciones deben fortalecerse, no debilitarse; la justicia debe ser independiente, no subordinada; la seguridad debe proteger, no violentar. La celebración del Día de los Derechos Humanos no es una formalidad ceremonial: es un recordatorio del trabajo pendiente y del compromiso ético que debemos asumir como país para garantizar que nadie quede fuera de la protección del Estado. Defender los derechos humanos no es un acto ideológico: es un deber cívico.

Definitivamente, amigo radioescucha, si queremos vivir en un México más justo, seguro y digno, debemos empezar por respetar los derechos humanos de los demás. Esa es, quizá, la forma más auténtica —y la más poderosa— de defender los nuestros. Porque una sociedad que cuida la dignidad de cada persona es una sociedad que se cuida a sí misma.

EDITORIAL NOTICIEROS GREM MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE 2025

Homologar para ordenar: una decisión necesaria en La Laguna

Durante años, la venta de bebidas alcohólicas en la Comarca Lagunera ha sido regulada con criterios distintos según el municipio y el estado al que se pertenezca. Lo que en apariencia podría parecer un asunto menor o estrictamente administrativo, en la práctica ha generado efectos indeseables que impactan la convivencia, la seguridad y el orden público. La falta de reglas homogéneas ha propiciado que habitantes de un municipio se trasladen a otro para continuar consumiendo alcohol, alentando una movilidad nocturna riesgosa que incrementa la probabilidad de accidentes viales y conflictos. Además, esta disparidad normativa ha complicado la labor de las corporaciones de seguridad y ha enviado mensajes contradictorios a la ciudadanía sobre los límites y responsabilidades en el espacio metropolitano que, en los hechos, funciona como una sola región.

A esta problemática se suma otro efecto que pocas veces se discute abiertamente: la apertura de espacios para el mercado negro. Cuando la regulación es fragmentada y desigual, se generan incentivos para prácticas ilegales que buscan satisfacer una demanda que no desaparece, sino que se desplaza. La venta clandestina de alcohol no solo evade controles fiscales y sanitarios, sino que se convierte en un factor adicional de riesgo para la población. En ese contexto, la dispersión de horarios no ha contribuido a reducir el consumo problemático, sino a desordenarlo. El resultado ha sido un entorno menos predecible, más difícil de supervisar y con mayores costos en términos de seguridad pública, atención médica y desgaste institucional.

Por ello, no sorprende que desde hace tiempo organizaciones ciudadanas, consejos empresariales y especialistas en seguridad hayan insistido en la necesidad de homologar los horarios de venta de bebidas alcohólicas como parte de una estrategia integral. No se trata de una postura moralista ni de una cruzada contra el consumo, sino de una medida de orden que permita reglas claras, parejas y aplicables para todos. La evidencia de accidentes graves, muchos de ellos con consecuencias fatales, así como los frecuentes conflictos en retenes de alcoholímetro, muestran que el problema no es la existencia de controles, sino su falta de coherencia regional. En una zona metropolitana, la seguridad no puede pensarse en compartimentos aislados.

En ese sentido, resulta una buena noticia que finalmente se observe voluntad política para avanzar hacia la homologación de horarios en los municipios de La Laguna, con acuerdos que involucran tanto a los gobiernos de Coahuila y Durango como a las autoridades municipales. Que este tema se esté discutiendo en mesas de seguridad y con una visión metropolitana habla de un entendimiento más maduro de los retos comunes. Es previsible que una parte de la ciudadanía se oponga, apelando a la libertad individual o a las afectaciones económicas de corto plazo. Sin embargo, gobernar también implica tomar decisiones que, aunque impopulares para algunos, buscan un beneficio colectivo mayor y sostenido.

Definitivamente, amigo radioescucha, homologar los horarios de venta de alcohol no resolverá por sí solo los problemas de seguridad en La Laguna, pero sí representa un paso importante hacia un entorno más ordenado y predecible. Las reglas claras, iguales para todos y aplicadas con rigor reducen la discrecionalidad, facilitan la vigilancia y envían un mensaje claro sobre la corresponsabilidad ciudadana. La experiencia reciente demuestra que la ausencia de criterios comunes tiene costos humanos y sociales demasiado altos. Apostar por una regulación homogénea es apostar por la prevención, por la coordinación institucional y por una convivencia más segura en una región que comparte dinámicas, riesgos y aspiraciones de futuro.

EDITORIAL DE NOTICIEROS GREM SABADO 13 DE DICIEMBRE DE 2025

El Congreso que viene: decisiones que importan

A prácticamente seis meses de que Coahuila viva un nuevo proceso electoral para renovar su Congreso local, vale la pena detenernos a reflexionar sobre la importancia real de esta elección. Con frecuencia, las diputaciones locales pasan inadvertidas para buena parte de la ciudadanía, como si se tratara de cargos secundarios. Sin embargo, el Congreso del Estado es una pieza clave para el rumbo que toma la entidad: allí se discuten y aprueban las leyes que regulan la vida cotidiana, se define el presupuesto público y se vigila el actuar del Poder Ejecutivo. No se trata de un espacio menor, sino de uno donde se toman decisiones que impactan directamente en la seguridad, la economía, la infraestructura, los servicios públicos y las oportunidades de desarrollo para miles de familias coahuilenses.

En un contexto nacional marcado por una creciente polarización política, el papel del Congreso local adquiere todavía mayor relevancia. Coahuila ha logrado, con matices y retos, mantener una estabilidad institucional que contrasta con lo que ocurre en otras entidades del país. Esa estabilidad no es casual: responde, en buena medida, a la capacidad de construir acuerdos, de legislar con responsabilidad y de evitar que las disputas ideológicas paralicen la toma de decisiones. El desafío hacia adelante será mayor, pues la confrontación política a nivel federal suele filtrarse hacia los estados. Contar con diputadas y diputados capaces de anteponer el interés público, por encima de consignas partidistas, será fundamental para preservar la gobernabilidad y la cohesión social en la entidad.

La economía es otro de los grandes retos que deberá enfrentar el próximo Congreso. México atraviesa un periodo de estancamiento económico que afecta la generación de empleos, el poder adquisitivo de las familias y la confianza para invertir. Coahuila, pese a su vocación industrial y exportadora, no es ajena a este escenario. Desde el Congreso se pueden impulsar marcos normativos que fortalezcan la competitividad, simplifiquen trámites, den certidumbre jurídica y favorezcan la atracción de inversiones. También se puede incidir en un uso más eficiente del gasto público, priorizando infraestructura, educación y seguridad, áreas clave para sostener el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de quienes habitan el estado.

En materia de seguridad, Coahuila ha logrado contener fenómenos que en otras regiones del país se han salido de control. No obstante, ese equilibrio es frágil. La inseguridad no reconoce fronteras administrativas y el riesgo de “contagio” siempre está presente. El Congreso tiene la responsabilidad de dotar de herramientas legales y presupuestales a las instituciones encargadas de la prevención y la procuración de justicia, así como de fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional. A ello se suma un entorno internacional complejo, con tensiones comerciales, aranceles y reacomodos económicos globales que también impactan a la entidad. La legislación local debe estar preparada para responder con agilidad a estos cambios.

Definitivamente, amigo radioescucha, las elecciones para diputaciones locales no son un trámite menor ni un simple ejercicio de rutina democrática. De su resultado dependerá, en buena medida, que Coahuila siga siendo un estado competitivo, seguro y con oportunidades de desarrollo. El Congreso que viene deberá legislar con visión de largo plazo, capacidad técnica y sensibilidad social, entendiendo el contexto nacional e internacional que enfrentamos. Por eso es indispensable que la ciudadanía se informe, participe y exija perfiles comprometidos con el bien común. Un Congreso sólido no sólo acompaña al gobierno en turno, también equilibra, corrige y construye condiciones para que el futuro de Coahuila sea más próspero y más justo.

EDITORIAL DE NOTICIEROS GREM LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025

El Río Nazas y la fuerza de la ciudadanía organizada

La reciente intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Río Nazas coloca en el centro del debate un problema que en la Comarca Lagunera se ha vivido durante años: el deterioro ambiental de un afluente fundamental para la región y las consecuencias sociales que ese daño ha generado. La admisión a trámite de la petición presentada por organizaciones ciudadanas no es un hecho menor. Significa que el tema ha rebasado el ámbito local y nacional, y que ahora será observado bajo el lente del sistema interamericano de derechos humanos, con implicaciones jurídicas y políticas relevantes para el Estado mexicano.

El procedimiento iniciado obliga al Gobierno de México a responder, en plazos claros, por los señalamientos relacionados con la pérdida del caudal ecológico, la desaparición de ecosistemas como las lagunas y el impacto directo en comunidades que históricamente dependieron del río. Se trata de una discusión que ya no se limita a si hubo o no daño ambiental, sino que incorpora la dimensión de los derechos humanos, incluyendo el derecho a un medio ambiente sano y la novedosa idea de reconocer derechos a la propia naturaleza, en este caso, al Río Nazas.

Más allá del trámite legal, vale la pena subrayar el origen de este proceso: la participación ciudadana informada, persistente y organizada. No fue un arrebato ni una ocurrencia coyuntural. Fue el resultado de años de trabajo, de acumulación de evidencia, de comprensión técnica y jurídica del problema, y de la decisión de llevar la causa a instancias internacionales. En un contexto donde suele prevalecer el escepticismo sobre la utilidad de la participación social, este caso demuestra que la incidencia ciudadana sí puede generar consecuencias reales cuando se construye sobre conocimiento y organización.

Este logro también envía un mensaje poderoso a las autoridades: los problemas ambientales no desaparecen por ignorarlos ni por postergarlos. La omisión, especialmente cuando es sistemática, también genera responsabilidades. El deterioro del Río Nazas no es sólo una historia de agua que dejó de correr; es la historia de decisiones públicas, de prioridades mal alineadas y de la falta de una visión de largo plazo que entienda que el desarrollo económico no puede sostenerse sobre la destrucción de los ecosistemas que lo hacen posible.

Definitivamente, amigo radioescucha, lo ocurrido con el Río Nazas merece ser reconocido y aplaudido. No porque el problema esté resuelto, sino porque se ha dado un paso ejemplar en la dirección correcta. La ciudadanía organizada mostró que es posible defender causas que van más allá de intereses individuales o de grupo, y que los propósitos superiores —como la defensa del patrimonio natural y la dignidad de las comunidades— tienen más fuerza cuando se asumen de manera colectiva. Ojalá este caso inspire a más personas a informarse, organizarse y participar. Porque cuando eso ocurre, las posibilidades de cambio son reales.

EDITORIAL DE NOTICIEROS GREM MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2025

EDITORIAL DE NOTICIEROS GREM JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025

Liderazgos que suman en tiempos de fractura

México atraviesa un momento complejo, marcado por una combinación de factores que generan incertidumbre y desgaste social. La inseguridad y la violencia siguen presentes en amplias regiones del país, afectando la vida cotidiana y limitando oportunidades. A ello se suma un estancamiento económico que se refleja en bajo crecimiento, pérdida de empleos formales y dificultades para que muchas familias salgan adelante. La inflación, aunque contenida en algunos rubros, continúa presionando el bolsillo de millones de personas. Este escenario no solo impacta los indicadores macroeconómicos, sino también el ánimo social: crece la desconfianza, se debilita la cohesión comunitaria y se profundiza la sensación de que el futuro inmediato ofrece pocas certezas.

Desafortunadamente, en contextos como éste suelen emerger liderazgos que se alimentan del enojo, del miedo y de la frustración. Son liderazgos que encuentran en la polarización un terreno fértil para crecer, dividiendo a la sociedad entre “buenos” y “malos”, entre “nosotros” y “ellos”. En lugar de proponer soluciones complejas a problemas complejos, simplifican la realidad y promueven la confrontación permanente. Este fenómeno no es exclusivo de la política; se reproduce también en ámbitos religiosos, sociales, empresariales y organizacionales, donde algunas figuras optan por imponer, excluir o desacreditar al que piensa distinto, en vez de construir acuerdos.

El problema de estos liderazgos no es solo su tono estridente, sino sus consecuencias. La confrontación constante erosiona la confianza, rompe puentes de diálogo y paraliza la acción colectiva. Cuando todo se reduce a bandos irreconciliables, se vuelve casi imposible diseñar políticas públicas efectivas, fortalecer instituciones o impulsar proyectos de largo plazo. En las organizaciones ocurre algo similar: ambientes dominados por el autoritarismo o la división terminan siendo poco productivos, frágiles y propensos al conflicto. Por eso, más que líderes que gritan más fuerte, hoy se necesitan liderazgos capaces de escuchar, comprender contextos diversos y asumir responsabilidades con visión ética y sentido social.

En la Comarca Lagunera existen ejemplos valiosos de otro tipo de liderazgo. Numerosas organizaciones ciudadanas, colectivos, asociaciones empresariales y grupos sociales trabajan todos los días por el bien común, alejados de la lógica partidista y de los discursos de odio. Son liderazgos que privilegian la cooperación, la participación informada y la búsqueda de soluciones compartidas a problemas reales: desde el cuidado del medio ambiente y el acceso al agua, hasta la seguridad, la educación y el desarrollo económico regional. Su fuerza no está en la confrontación, sino en la capacidad de sumar voluntades y generar confianza entre actores distintos.

Definitivamente, amigo radioescucha, los buenos liderazgos nunca están de más, y en tiempos de crisis se vuelven indispensables. Liderazgos que no buscan dividir, sino encontrarse con el otro; que no niegan la realidad, pero tampoco la usan para sembrar rencor. Fomentarlos y fortalecerlos es una tarea colectiva: implica reconocerlos, apoyarlos y, cuando sea posible, ejercerlos desde nuestro propio espacio. En México y en la Laguna, apostar por liderazgos que construyen puentes es una de las mejores decisiones que podemos tomar para recuperar cohesión social, esperanza y rumbo compartido.

EDITORIAL DE NOTICIEROS GREM VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025

Navidad en la Comarca: cuidar lo que nos sostiene

La noche de Navidad se acerca y, como cada año, en los hogares de la Comarca Lagunera comienzan los preparativos: las cenas familiares, los encuentros largamente esperados, los recuerdos que se renuevan y las ausencias que se sienten con mayor fuerza. Sin embargo, no todos llegamos a estas fechas desde el mismo lugar. Hay quienes viven la Navidad con tranquilidad económica y emocional, y quienes lo hacen en medio de preocupaciones por el empleo, la salud o la seguridad. Aun así, compartimos un mismo territorio y una realidad que, con todos sus desafíos, ofrece condiciones relativamente mejores que las que hoy enfrentan millones de personas en otras regiones del país. No es poca cosa decir que aquí, pese a las dificultades, se puede planear, convivir y mirar al futuro con una dosis razonable de esperanza.

En materia de seguridad y de economía, que suelen ser las principales preocupaciones de las familias, la Comarca Lagunera ha logrado contener riesgos que en otras zonas de México se han vuelto cotidianos. No significa que los problemas no existan, ni que deban minimizarse, sino que han sido menos intensos gracias a un esfuerzo sostenido. Ese esfuerzo no es obra de la casualidad ni de una sola instancia, sino del trabajo coordinado entre autoridades municipales, estatales y federales, junto con una ciudadanía que participa, se organiza y exige resultados. Esta combinación ha permitido construir un entorno relativamente estable, donde las celebraciones decembrinas pueden vivirse con mayor serenidad. Pero esa estabilidad no es permanente ni automática; es el resultado de decisiones, cuidados y compromisos que deben renovarse todos los días.

Precisamente por eso vale la pena recordar que las condiciones favorables en las que hoy vivimos son frágiles. Basta con bajar la guardia para que lo avanzado comience a deteriorarse. La seguridad se debilita cuando se normaliza la violencia; la economía se estanca cuando se rompe la confianza; la convivencia se erosiona cuando se deja de pensar en el bien común. En ese sentido, la Navidad también es un momento propicio para reflexionar sobre nuestra responsabilidad colectiva. Así como cuidamos los detalles de una cena o el ambiente del hogar para recibir a quienes queremos, también deberíamos cuidar el entorno social que hace posible una vida más digna. Nada de lo que hoy disfrutamos está garantizado si no hay atención constante y participación responsable.

Una buena analogía para entenderlo es el agua, un tema especialmente sensible en la Comarca Lagunera. Todos sabemos que el futuro de la región depende de nuestra capacidad para revertir el abatimiento del acuífero y para usar el recurso con responsabilidad. El agua no se pierde de golpe; se agota poco a poco, por descuidos acumulados y decisiones postergadas. Sin compromiso colectivo, llegará el momento en que ya no sea suficiente para sostener la vida como la conocemos. Lo mismo ocurre con la seguridad, la estabilidad económica y la cohesión social. Son bienes que parecen firmes hasta que dejan de serlo. Requieren planeación, vigilancia y una participación activa de todos los sectores para no desaparecer silenciosamente.

Definitivamente, amigo radioescucha, mientras preparamos la mesa, compartimos los alimentos y nos deseamos paz y prosperidad en esta Navidad, no olvidemos que el mejor regalo para las generaciones que vienen es cuidar lo que hoy nos sostiene. La Comarca Lagunera puede seguir siendo un buen lugar para vivir si entendemos que nada se conserva solo. Así como el agua necesita conciencia y corresponsabilidad, también la vida comunitaria exige cuidado permanente. Que estas fechas nos recuerden que celebrar implica también asumir responsabilidades, para que las navidades por venir sigan encontrándonos en un espacio cada vez más seguro, más justo y más digno para ser y estar.

EDITORIAL DE NOTICIEROS GREM SABADO 20 DE DICIEMBRE DE 2025

Salud sin red: cuando la enfermedad empobrece

La reciente eliminación de la garantía legal que aseguraba recursos específicos para la atención de enfermedades catastróficas marca un punto de inflexión preocupante en la política de salud pública en México. Durante años, ese mecanismo fue el último dique de protección para millones de personas sin seguridad social que, frente a un diagnóstico grave, encontraban al menos una posibilidad real de tratamiento sin condenar a sus familias a la ruina económica. Hoy, esa certeza desaparece. No hablamos de un ajuste administrativo ni de un tecnicismo legislativo, sino de la pérdida de un respaldo jurídico que reconocía una verdad elemental: hay enfermedades cuyo costo rebasa, por completo, las capacidades de cualquier hogar promedio.

Esta decisión es consistente con una orientación más amplia de los gobiernos federales de Morena: privilegiar los apoyos monetarios directos —pensiones, becas, transferencias— aun cuando ello implique sacrificar la solidez de los servicios públicos. El problema no es la existencia de programas sociales, sino suplantar con dinero en efectivo lo que debería garantizarse como derecho efectivo. Salud y educación no son mercancías que se compran en el mercado según alcance el ingreso; son pilares del bienestar colectivo. Al debilitarlos, el Estado traslada el riesgo a las familias, justo en los momentos más críticos de sus vidas.

En días recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum presumía que, por primera vez, hay más personas en la clase media que en situación de pobreza. El dato puede ser cierto si se mide exclusivamente el ingreso. Pero la pobreza no es sólo falta de dinero; es un fenómeno multidimensional. En México, alrededor de 44.5 millones de personas —cerca del 34% de la población— carecen de acceso a servicios de salud. Esa cifra, que se ha duplicado desde 2018, revela una realidad incómoda: se puede salir estadísticamente de la pobreza por ingresos y, al mismo tiempo, quedar completamente desprotegido ante una enfermedad grave.

La consecuencia es clara y ya visible. Al no contar con cobertura pública suficiente, millones de personas recurren al gasto de bolsillo y a los consultorios adyacentes a farmacias, encareciendo su atención y fragmentando su tratamiento. Una enfermedad catastrófica —cáncer, insuficiencia renal, trasplantes— no sólo amenaza la vida; devora ahorros, endeuda generaciones y empuja de nuevo a la pobreza a quienes, en el papel, ya habían salido de ella. Quitar los fondos que garantizaban esa atención no es una decisión neutral: es aceptar que el riesgo recaiga, otra vez, en los más vulnerables.

Definitivamente, amigo radioescucha, vale la pena preguntarnos si los ingresos y los apoyos económicos alcanzan para cubrir los costos reales de una enfermedad catastrófica. Todo indica que no. Estamos ante el viejo dilema de pan para hoy y hambre para mañana. Un Estado que presume cifras positivas pero desmonta las redes de protección social corre el riesgo de construir una prosperidad frágil, incapaz de sostenerse cuando la realidad golpea con más fuerza. Porque sin salud garantizada, cualquier mejora económica puede desaparecer en un solo diagnóstico.

EDITORIAL DE NOTICIEROS GREM LUNES 22  DE DICIEMBRE DE 2025

Disciplina que da frutos, pero no borra la historia

Coahuila aprobó su paquete económico para 2026 y, más allá de las cifras, el hecho invita a una lectura con memoria. No se puede entender el presente financiero del estado sin recordar el punto de partida: una situación crítica heredada por la megadeuda contraída durante los gobiernos de los Moreira, que comprometió por años la capacidad de inversión, limitó el margen de maniobra y obligó a destinar buena parte de los recursos públicos al servicio de la deuda. Aquella herencia no fue abstracta: se tradujo en obras postergadas, en servicios con restricciones y en un estado que tuvo que aprender, a la fuerza, a administrar con lo mínimo. Por eso, cada paquete económico aprobado hoy debe leerse no como un acto rutinario, sino como un paso más dentro de un proceso largo, complejo y todavía inconcluso de recuperación financiera.

El paquete aprobado para 2026 muestra señales claras de que la disciplina financiera de los últimos años ha rendido frutos. Un presupuesto equilibrado, sin incremento de impuestos y con un crecimiento sustentado en mayor eficiencia recaudatoria no es un dato menor en el contexto nacional. Habla de un esfuerzo institucional por ordenar las finanzas, recuperar la confianza ciudadana y cumplir con los principios de responsabilidad fiscal. Coahuila aparece hoy con un nivel de endeudamiento sostenible y con mejores calificaciones en eficiencia recaudatoria, algo impensable hace poco más de una década. Sin embargo, conviene decirlo con claridad: esto no significa que los problemas estén resueltos. El peso de la deuda sigue ahí, marcando límites reales a lo que el estado puede y no puede hacer, y recordándonos que las decisiones del pasado tienen efectos de largo aliento.

Uno de los aspectos más relevantes del paquete económico 2026 es la prioridad otorgada al rubro de seguridad. No sólo se trata del área con mayor incremento presupuestal, sino de una señal de congruencia entre el discurso político y la asignación real de recursos. En un país marcado por la violencia y la incertidumbre, Coahuila ha logrado construir un entorno relativamente más seguro que el de muchas otras entidades, y sostener ese logro requiere inversión constante. Seguridad no es sólo patrullas y armamento; es capacitación, inteligencia, coordinación institucional y prevención. Apostar por este rubro es reconocer que sin condiciones básicas de seguridad no hay desarrollo económico, no hay inversión productiva y no hay tranquilidad para las familias. En ese sentido, el presupuesto refleja una decisión estratégica que merece ser valorada.

Al mismo tiempo, es importante evitar lecturas triunfalistas. Un presupuesto ordenado no equivale automáticamente a bienestar pleno. Hay rubros que crecen de forma moderada y necesidades sociales que siguen siendo apremiantes, especialmente en materia de salud, desarrollo social e infraestructura regional. La recuperación financiera es condición necesaria, pero no suficiente, para transformar la vida cotidiana de las personas.  

Definitivamente, amigo radioescucha, la aprobación del paquete económico 2026 es una buena noticia, pero también una invitación a no bajar la guardia. La historia reciente de Coahuila nos enseñó que la vigilancia ciudadana no es un lujo, sino una necesidad. Presupuestos claros, finanzas ordenadas y prioridades bien definidas deben ir acompañadas de una ciudadanía activa, informada y exigente. Sólo así se garantiza que la disciplina financiera no sea un discurso pasajero, sino una práctica sostenida en el tiempo. Porque cuidar el dinero público es, en última instancia, cuidar el futuro de todas y todos.

EDITORIAL DE NOTICIEROS GREM MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025

Nochebuena: el valor de hacer juntos

La Nochebuena, en la Comarca Lagunera, tiene algo que va más allá del calendario y de la religión. Es una cita profundamente arraigada en la vida familiar, un momento en el que, pese a las diferencias y a los años difíciles, se hace un esfuerzo consciente por reunirse. Alrededor de una mesa, con platillos que se repiten año con año y recetas que pasan de generación en generación, las familias se reconocen como tales. No es solo una cena; es una pausa colectiva que permite recordar quiénes somos y con quiénes contamos. En un entorno social marcado por la prisa, la desconfianza y, muchas veces, la fragmentación, esta reunión anual tiene un valor simbólico enorme: nos recuerda que la vida se sostiene mejor cuando se comparte y cuando hay un propósito común, aunque sea tan sencillo como pasar una buena noche juntos.

Detrás de esa cena hay algo que pocas veces se dice, pero que todos conocemos bien. La Nochebuena no sucede por arte de magia. Hay casas que se limpian a fondo, muebles que se mueven, focos que se cambian, patios que se barren y mesas que se acomodan para que quepan todos. Cada quien aporta algo: tiempo, trabajo, paciencia, dinero o simplemente disposición. No siempre es equitativo, ni perfecto, pero es un esfuerzo colectivo orientado al bienestar común. Y ahí hay una lección poderosa para la vida pública. Las comunidades, como las familias, no funcionan solas. Requieren participación, corresponsabilidad y la convicción de que el esfuerzo compartido rinde frutos que ningún individuo podría lograr por sí mismo.

También están los regalos, que no siempre llegan envueltos en papel brillante. A veces son discretos, a veces simbólicos, a veces incluso improvisados. Pero su sentido profundo no está en el valor económico, sino en el gesto de pensar en el otro. En la vida cívica pasa algo parecido. Participar no siempre significa ocupar cargos, militar en partidos o salir en la foto. Muchas veces implica donar tiempo, organizarse con vecinos, exigir con respeto, informarse, cuidar lo común y no voltear la cara cuando algo se hace mal. Esa participación, silenciosa pero constante, es la que va construyendo comunidades más fuertes, más seguras y más prósperas, aunque no siempre reciba aplausos ni reconocimiento inmediato.

En estas fechas solemos hablar de valores, de reconciliación y de esperanza. Para quienes profesan la fe cristiana, el nacimiento de Jesús representa un mensaje de amor al prójimo y de compromiso con los más vulnerables. Para quienes no comparten esa creencia, el sentido de la Nochebuena puede encontrarse en algo igual de valioso: la experiencia humana de colaborar, de cuidar al otro y de asumir que la vida en común exige responsabilidades. Esa coincidencia, más allá de credos o ideologías, es un punto de encuentro poderoso. Nos recuerda que la prosperidad no se decreta ni se reparte desde arriba; se construye desde abajo, con ciudadanos activos, organizados y conscientes de su papel.

Definitivamente, amigo radioescucha, la cena de Nochebuena puede ser algo más que una tradición entrañable. Puede ser un espejo de lo que somos capaces de hacer cuando dejamos de pensar solo en lo individual y asumimos el valor del trabajo colectivo. Así como preparamos la casa para recibir a quienes queremos, también podemos preparar nuestra comunidad para un mejor futuro. Participar, sin colores partidistas y con un propósito claro de bienestar común, es una forma concreta de cuidar lo que compartimos. Que esta Nochebuena nos recuerde que, cuando cada quien aporta lo suyo, la mesa alcanza para todos y el esfuerzo vale la pena.

EDITORIAL DE NOTICIEROS GREM MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 2025

Entre brindis y riesgos: las adicciones que no vemos

Las celebraciones de fin de año suelen venir acompañadas de mesas llenas, brindis frecuentes y reuniones que se extienden hasta la madrugada. Son días de convivencia, pero también de excesos. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, presentada hace un par de días, confirma algo que muchos intuimos: el consumo de estas sustancias sigue siendo elevado y, en algunos casos, va en aumento, particularmente entre jóvenes y mujeres. Alcohol, tabaco y drogas ilícitas no son sólo decisiones individuales; representan riesgos concretos para la salud, la seguridad y la convivencia social. En estas fechas, cuando se normaliza “tomar un poco más” o “probar algo distinto”, conviene recordar que detrás de cada cifra hay personas, familias y entornos que pueden verse profundamente afectados por conductas que, aunque socialmente aceptadas, no son inocuas.

Uno de los datos más preocupantes que revela la encuesta es la temprana edad de inicio en el consumo, especialmente de alcohol y tabaco. Comenzar joven incrementa la probabilidad de desarrollar dependencia en la vida adulta y de sufrir daños permanentes a la salud física y mental. A ello se suma la percepción social de bajo riesgo, particularmente con productos como vapeadores o bebidas alcohólicas, que suelen presentarse como opciones “menos dañinas”. Esta combinación —inicio temprano y percepción minimizada del riesgo— crea un escenario complejo para la prevención. No se trata sólo de informar, sino de cambiar narrativas culturales que asocian el consumo con éxito, pertenencia o diversión, dejando fuera las consecuencias reales que enfrentan millones de personas.

La encuesta también muestra un fenómeno que merece atención especial: el aumento del consumo en mujeres. Durante años, las políticas públicas y las estrategias de prevención se diseñaron pensando principalmente en hombres, invisibilizando realidades distintas. Hoy sabemos que las mujeres enfrentan riesgos específicos, mayores estigmas y más barreras para acceder a tratamiento. Además, muchas cargan con responsabilidades familiares y laborales que dificultan reconocer un problema de consumo y buscar ayuda. Ignorar estas diferencias no sólo es injusto, sino ineficaz. Si queremos reducir el impacto de las adicciones, necesitamos enfoques sensibles al contexto, al género y a las distintas etapas de la vida, que comprendan la complejidad del fenómeno más allá de las estadísticas.

Con el cierre del año llegan también los propósitos: dejar de fumar, beber menos, “empezar de nuevo”. Para muchas personas, estas metas son alcanzables con apoyo y disciplina. Pero para quienes viven con una adicción, el camino es mucho más cuesta arriba. Las adicciones no son falta de voluntad; son enfermedades que requieren atención integral, continua y profesional. Pretender que se resuelvan sólo con buenos deseos es condenar a muchos al fracaso y a la culpa. La encuesta deja claro que el problema es estructural y demanda respuestas coordinadas: servicios de salud accesibles, programas de prevención efectivos, redes comunitarias sólidas y una sociedad menos dispuesta a juzgar y más comprometida a acompañar.

Definitivamente, amigo radioescucha, el fin de año es un buen momento para reflexionar, pero también para asumir responsabilidades colectivas. Cuidar de nosotros implica cuidar de los demás: no normalizar excesos, no fomentar consumos de riesgo y estar atentos a quienes nos rodean. Las cifras de la encuesta no deben quedarse en un informe; deben impulsarnos a exigir mejores políticas públicas y a construir entornos más sanos, empezando por nuestras propias familias y comunidades. Que el 2026 llegue con menos discursos y más acciones, entendiendo que enfrentar las adicciones es una tarea de todos, no sólo de quienes las padecen.

EDITORIAL DE NOTICIEROS GREM VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025

Cerrar para abrir: el valor de hacer cuentas juntos

El cierre de un año siempre trae consigo una mezcla particular de emociones. Hay alivio por lo que termina, nostalgia por lo vivido y expectativa por lo que viene. Diciembre es, por excelencia, un tiempo de balance: miramos hacia atrás para entender qué hicimos bien, en qué fallamos y qué quedó pendiente. No se trata de un ejercicio melancólico, sino de uno profundamente necesario. En lo personal y en lo colectivo, los recuentos nos permiten darle sentido al camino recorrido. Sin esa pausa reflexiva, el tiempo simplemente pasa, pero no deja aprendizaje. Por eso, el cierre de ciclos no es un acto administrativo ni una costumbre vacía; es una oportunidad para ordenar experiencias, reconocer esfuerzos y asumir responsabilidades. En una región como la Comarca Lagunera, marcada por retos históricos y también por grandes capacidades, este ejercicio resulta aún más relevante. Pensar el año que termina es el primer paso para decidir, con mayor claridad, cómo queremos que sea el que está por comenzar.

Mirar el año que se va también implica aceptar la complejidad de lo vivido. No todo fue avance, pero tampoco todo fue retroceso. Hubo decisiones acertadas y errores evidentes; momentos de coordinación y episodios de desencuentro. El riesgo está en simplificar el balance, en reducirlo a consignas o a lecturas parciales que impidan comprender la realidad en su conjunto. Un recuento serio exige honestidad intelectual y disposición a escuchar distintas voces. Desde una perspectiva periodística, eso significa reconocer los hechos sin exagerarlos ni minimizarlos. Desde una perspectiva ciudadana, implica asumir que la construcción del bien común no depende de un solo actor. La vida pública de la Comarca es el resultado de múltiples esfuerzos: autoridades, organizaciones, empresas, colectivos y ciudadanos que, desde su trinchera, influyen en el rumbo de la región. Entender esa interdependencia es clave para cerrar el año con madurez y abrir el siguiente con mayor sentido de corresponsabilidad.

El cambio de calendario suele venir acompañado de propósitos. Sin embargo, muchas veces esos deseos se quedan en el terreno de lo individual: mejorar hábitos, ordenar finanzas, cumplir metas personales. Todo eso es valioso, pero insuficiente. Una comunidad se fortalece cuando, además de los propósitos personales, se construyen compromisos colectivos. Participar no siempre significa militar o confrontar; muchas veces implica informarse, dialogar, organizarse y cuidar lo que es de todos. La participación ciudadana es un proceso constante, no un evento esporádico. En la Comarca Lagunera existen ejemplos claros de cómo la acción organizada ha contribuido a mejorar condiciones de seguridad, desarrollo urbano y cohesión social. Cerrar el año reconociendo esas experiencias permite entender que los avances no son casuales, sino fruto de la constancia y del involucramiento de personas que decidieron no permanecer al margen.

 
Definitivamente, amigo radioescucha, cerrar el año es mucho más que cambiar de número en el calendario. Es detenerse, mirar con atención y decidir cómo queremos seguir caminando. La Comarca Lagunera enfrenta desafíos importantes, pero también cuenta con un capital social valioso que no debe desaprovecharse. El nuevo año abre una página en blanco que no se llenará sola. Requerirá participación, vigilancia ciudadana, diálogo y compromiso con el bien común. Los balances honestos fortalecen; las omisiones debilitan. Que este cierre de ciclo sirva para reconocer lo logrado, aprender de lo pendiente y renovar la voluntad de involucrarnos. Porque cuando una comunidad hace cuentas de manera colectiva y abre nuevos comienzos con responsabilidad compartida, las posibilidades de construir un mejor futuro dejan de ser un deseo abstracto y comienzan a tomar forma en la vida cotidiana de todos.

EDITORIAL DE NOTICIEROS GREM SABADO 27 DE DICIEMBRE DE 2025

2025: la economía que no despegó

El 2025 quedará registrado como un año de crecimiento económico reducido para México. El país apenas alcanzó un aumento del PIB cercano al 0.4%, muy lejos de las expectativas planteadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum y entre los desempeños más bajos de América Latina. No se trata de una cifra abstracta: ese estancamiento se tradujo en menos oportunidades, menor dinamismo y una sensación generalizada de que el dinero rinde cada vez menos. La economía avanzó, sí, pero lo hizo a paso lento, insuficiente para absorber nuevas necesidades sociales, generar empleos de calidad y fortalecer el mercado interno. Para millones de familias, 2025 fue un año de ajustes forzados, de decisiones difíciles y de una prudencia económica que sustituyó al optimismo que suele acompañar los cambios de gobierno.

Uno de los episodios más preocupantes del año fue la contracción económica registrada en el tercer trimestre, cuando la actividad cayó alrededor de -0.3%. La industria fue el principal lastre: menor producción, menos pedidos y cadenas de valor que operaron con cautela ante un entorno incierto. A ello se sumó una desaceleración del consumo interno y una reducción en la inversión privada, factores que, juntos, limitaron cualquier posibilidad de repunte. Incluso las remesas, que durante años funcionaron como amortiguador social, mostraron señales de debilidad. El resultado fue un círculo difícil de romper: menos inversión implica menos empleo, y menos empleo reduce el consumo, profundizando la sensación de estancamiento que marcó el cierre del año.

Las consecuencias sociales de este débil desempeño fueron evidentes. La pérdida de empleos formales empujó a miles de personas al desempleo o a la informalidad, mientras la carestía siguió presionando los gastos familiares. Un dato resume la gravedad de la situación: los retiros por desempleo de las Afores superaron los 35 mil millones de pesos, un récord histórico. Detrás de esa cifra hay historias de familias que agotaron ahorros destinados al retiro para enfrentar el presente inmediato. Es una señal de alarma, porque compromete el futuro para resolver urgencias del hoy. El costo de la inflación, aunque contenida en términos macroeconómicos, se sintió con fuerza en alimentos, servicios y vivienda.

El contexto internacional tampoco ayudó. La guerra comercial impulsada por Donald Trump, con amenazas constantes de aranceles, añadió incertidumbre a un entorno ya complejo. Sin embargo, los factores internos pesaron tanto o más: la incertidumbre legal derivada de múltiples reformas constitucionales, incluida la judicial; la limitada inversión pública condicionada por el déficit fiscal y una deuda creciente; y la discusión permanente de cambios en la legislación laboral que generan cautela entre quienes podrían invertir y crear empleos. Planes y acuerdos como el Plan México suenan bien en el discurso, pero en la vida cotidiana todavía ofrecen pocas evidencias de concreción real.

Definitivamente, amigo radioescucha, el recuento económico de 2025 deja más preguntas que certezas. No fue un año de colapso, pero tampoco de avance significativo. La lección es clara: sin confianza, reglas claras y una estrategia integral que combine inversión pública responsable, estímulos a la iniciativa privada y protección social sostenible, el crecimiento seguirá siendo insuficiente. De cara al 2026, el reto no es sólo mejorar las cifras, sino recuperar la expectativa de futuro de las familias mexicanas. Porque una economía que no crece lo suficiente termina cobrándole la factura a la ciudadanía, y ese es un costo que, como país, no podemos seguir normalizando.

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